El primer pedido de intervención tiene fecha del 01/12/2022, el segundo pedido fue enviado el 23 de mayo del presente año, ambos fueron remitidos al actual ministro del Interior Federico González, con el objetivo de que sea intervenida la administración del intendente Hilario Adorno, colorado abdista; sin embargo, hasta la fecha pareciera ser que ambas notas se encuentran cajoneadas en las oficinas del secretario de Estado y de esa manera se evita la remisión a la Cámara de Diputados. El intendente soporta una imputación fiscal por supuesta lesión de confianza a cargo del fiscal Luis Piñánez.
Los concejales alegan mal desempeño en las funciones del jefe comunal, razón por la cual se solicita la intervención, en base a lo que establece la propia Constitución Nacional y las leyes complementarias.
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Para el concejal Virgilio Chamorro (ANR) existen varios motivos por los cuales los ediles en mayoría decidieron realizar este pedido de intervención. “Procedimos a arrimar todas las documentaciones del mal desempeño del intendente, con relación a supuestos hechos de corrupción en el manejo del dinero público, pero hasta la fecha no logramos que el ministro del Interior proceda a enviar estos antecedentes a la Cámara de Diputados, para su estudio y posterior aprobación o rechazo”, dijo el edil.
“Creemos que existe una gran presión de parte del hermano del intendente, el exgobernador y actual diputado electo José Domingo Adorno, cercano al presidente de la República Mario Abdo Benítez, para evitar que el secretario de Estado envié los documentos a la Cámara Baja”, sostuvo el entrevistado, ya que según lo que expresa la Carta Magna, el Ministerio del Interior dispondrá de 6 días hábiles para remitir estos antecedentes a los Diputados, situación que hasta la fecha no se realiza.
Rechazo de rendición de cuentas
La Junta Municipal, en mayoría, había rechazado la rendición de cuentas de ingresos y egresos del ejercicio 2022, perteneciente a la administración del jefe comunal, alegando que no se presentaron los documentos respaldatorios que puedan justificar los egresos.
A esto también se le suma el hecho de que el intendente utilizó dinero municipal para la compra de un vehículo particular. De un total de 12 concejales, 8 miembros votaron por el rechazo, durante la sesión ordinaria realizada a finales del mes de abril del presente año.
En aquella oportunidad, los ediles habían intimado al jefe comunal para que en un plazo de 72 horas pueda presentar los documentos respaldatorios, que justifiquen el uso del dinero municipal; Adorno había solicitado 15 días de prórroga para este cumplimiento. Los concejales accedieron solo a 5 días, y ante la falta de respuesta del intendente, se resolvió rechazar su ejecución presupuestaria.
Posteriormente, el intendente resolvió rechazar la resolución de la Junta, alegando que los mismos no contaban con los 8 concejales necesarios para realizar este rechazo de su ejecución presupuestaria, tal como lo exige la ley, de tener una mayoría de dos tercios, sosteniendo que solo eran 7 concejales los que habían firmado esa petición.
El rechazo del ejecutivo comunal volvió al seno de la Junta Municipal, donde los ediles reunidos de nuevo en sesión ordinaria se ratificaron en la decisión anterior, de rechazo de la rendición de cuentas del intendente, y elevaron el nuevo pedido de intervención de su administración ante el Ministerio del Interior, donde continúa cajoneado.
Los 8 concejales municipales, quienes rechazaron la rendición de cuenta del intendente, y además solicitan la intervención de su administración son: Claudio Martínez, Emilce Díaz, Laura Díaz, Estiven Ramos, Domingo Vera, Ángela Domínguez y Virgilio Chamorro, todos del Partido Colorado, a quienes se sumó el edil Feliciano Cantero, del Frente Guazú.
Imputación fiscal
El fiscal Luis Piñánez imputó por supuesta lesión de confianza al intendente de esta comunidad chaqueña, Hilario Adorno (ANR), la causa tiene relación con que el jefe comunal utilizó fondos municipales para la compra de una lujosa camioneta 0 km.
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Hilario Adorno utilizó dinero o rubro de la Municipalidad en beneficio personal, a fin de hacer entrega inicial para la adquisición de un automotor que debía estar a nombre del ejecutivo municipal, señala la imputación fiscal.
La firma Nipón Automotores SA también remitió el contrato de compra-venta de la lujosa camioneta, en donde Hilario Adorno aparece como comprador a título personal, no en representación de la Intendencia.
Persecución política
El intendente Adorno, en su cuenta particular de Facebook, afirma que todo se trata de una persecución política de parte de 7 concejales, quienes pretenden enlodar su administración, siguiendo las instrucciones de sus adversarios y enemigos, señalando a los directivos de la empresa Atenil SA, Victoria Timbers, encargadas de administrar las tierras pertenecientes a la secta Moon.
La ley habla de una mayoría de 2/3 para el rechazo de la ejecución presupuestaria, y como son 12 concejales los que integran la Junta, se necesitan 8 votos, y ellos solo tienen 7 ediles, lo que hace que esto no tenga una legalidad, dijo el jefe comunal.