La bancada liberal de la Junta Municipal y la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron al intendente de esa ciudad, Carlos Echeverría (ANR-HC), que plantee una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley N.° 7447/25, por la que se unifican las tarifas de la habilitación vehicular en todas las municipalidades del país, salvo Asunción.
Los concejales liberales anunciaron hoy la presentación de una minuta por la que instan al ejecutivo municipal a que se recurra a la Corte Suprema de Justicia ante lo que consideran un grave perjuicio para la ciudadanía luqueña.
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En un posteo en sus redes sociales, el concejal Manolo Achucarro (PLRA) puso como ejemplo a un vehículo económico como el Toyota Premio modelo 2009, “que anteriormente pagaba en nuestro municipio G. 189.000, ahora deberá abonar G. 322.000, más los gastos administrativos adicionales”, señaló el concejal.
“Nos oponemos firmemente a este alto costo que afecta a los contribuyentes de nuestra ciudad. Consideramos injusto exigir un pago único que sobrecarga la economía familiar”, agrega el concejal liberal.
Contraloría Ciudadana se suma al pedido
Desde la organización civil Contraloría Ciudadana de Luque, enviaron una nota al intendente Carlos Echeverría (ANR-cartista), expresando su preocupación por la aprobación de la ley que, a su criterio, vulnera varios derechos constitucionales.
Señalan que la normativa afecta la autonomía municipal, protegida en la Constitución Nacional. “La reglamentación debería ser de competencia de cada municipio a través de una Ordenanza Municipal, luego de someter a una audiencia pública para un debate serio y responsable y que refleje la razonabilidad en los nuevos costos, teniendo en cuenta la necesidad de sus habitantes y la capacidad económica de los mismos”, dicen en su nota.
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Asimismo, los ciudadanos señalan una violación al artículo 181 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad tributaria y determina que los tributos, en su creación y su vigencia, “atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país” .
Por último, la organización civil destaca también el “impacto económico significativo” que tendría la aplicación de la ley" para los contribuyentes, ya que el aumento de costos será considerable. Esto es preocupante en un momento en que nuestro país está atravesando una crisis económica que afecta a los sectores más vulnerables y cargarle con estas nuevas obligaciones al sufrido pueblo Luqueño solo atraerá mas problemas", agregan.
Cuestionada ley
El reclamo de los concejales de Luque coincide con el realizado por el intendente de Villa Elisa, Sergio Estigarribia (PLRA), quien anunció que a la vuelta del receso de la Junta Municipal, prevé presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley.
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Días atrás, el asesor jurídico de la Municipalidad de Lambaré sostuvo que pese a estar obligados a cumplir la nueva ley, tiene muchos puntos cuestionables. El propio intendente de la ciudad, Rosa “Guido” González, reclamó el bajo costo que tendrían vehículos de gama alta, en comparación con la suba de precios para vehículos económicos.
También en Ñemby anuncian una acción de inconstitucionalidad. Este martes, el senador Ever Villalba (PLRA) dijo que la ley se trató de manera apresurada e inconsulta, por lo que anunció que junto a otros legisladores, pretenden introducirle una serie de modificaciones.