El intendente de la localidad de Villeta, Teodosio Gómez Ibáñez (PLRA), comentó que tras analizar la nueva ley 7.447, que regula los montos para la expedición de habilitaciones de rodados, la administración la considera absolutamente injusta e inaplicable.
“Esta ley fue elaborada y promulgada sin consultar con los intendentes, y esta administración la considera injusta, desmedida y desproporcional los montos establecidos en la misma, y generará un enorme perjuicio a los contribuyentes, y también a la gestión municipal”, expresó el intendente.
Agregó que la Dirección de Tránsito y la Asesoría Jurídica de la municipalidad están elaborando la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con una medida cautelar que suspenda los efectos de la cuestionada ley.
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Dicha acción será presentada en febrero, debido a la feria judicial, y aseguró que la administración municipal velará por los intereses de los contribuyentes y se mantendrán los montos ya establecidos en ordenanza hasta que la justicia se expida al respecto.
“Vamos a seguir cobrando los precios establecidos en la ordenanza, hasta que la Corte se expida al respecto, porque consideramos que esta ley genera un impacto negativo al contribuyente, castigándolo con impuestos desmedidos, en contra de los preceptos constitucionales de autonomía municipal, la igualdad y capacidad contributiva de los ciudadanos”, expresa una parte del comunicado.
Villa Elisa también anuncia acción legal
Igualmente, el intendente de la localidad de Villa Elisa, Sergio Estigarribia (PLRA), emitió un comunicado en donde rechaza la ley 7.747, que establece los precios para la expedición de habilitaciones de todo tipo de vehículos.
El jefe comunal adelantó que la mencionada ley vulnera varios derechos constitucionales como el principio de igualdad tributaria y la creación de tributos, por lo que presentarán una acción de inconstitucionalidad.
“En nuestra opinión, la ley 7.447 no considera adecuadamente la capacidad contributiva de los ciudadanos ni se alinea con principios económicos y sociales justos, y nuestro principal objetivo es establecer criterios claros y justos para el cobro de este impuesto”, expresó Estigarribia.