La audiencia preliminar para los 21 acusados por la fiscala Sandra Ledesma, por supuesta estafa y asociación criminal, como presuntos integrantes de un esquema que ofrecía cargos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS), fue programada por la jueza de Garantías interina Lici Sánchez para los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de febrero, desde las 8:30.
Los acusados son los funcionarios del Instituto de Previsión Social Zulma Verónica Villalba Colmán, Eduvigis Espínola, Yolanda Teresa Balbuena Martínez, Jorge Manuel Juvinel Ferreira, Edgar David Amarilla y Hilario Velazquez Santacruz. Además de la abogada Fátima Patricia Aguero Stehlik y sus hermanos José Manuel (estudiante de Derecho) y Lourdes Rocío Agüero Stehlik (obstetra).
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También fueron acusados por el Ministerio Público las enfermeras María Luján Aguilera Chaparro y Fátima Adelaida González; los gestores Carolina Martínez Escurra y Blas Antonio Verón, el Abg. Carlos Barreto Ocampos, Jennifer Karina González González (contadora), José Genaro Santacruz Frutos, la Abg. Reina Torres Vda. de Duarte, Rodolfo Daniel Velázquez Caje (barbero), Jorge Felipe Saboredo Azcurra (contador), Cynthia Adriana Caje Cabral (ama de casa) y Juana Anastasia Torres Coronel (contadora).
Según el requerimiento conclusivo presentado por la fiscal Sandra Ledesma, los 21 acusados solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15 millones a cambio de un puesto laboral o conseguir ascensos a funcionarios del Instituto de Previsión Social.
Acusación por esquema de “venta de cargos” en IPS
La causa tuvo su origen a partir de la denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, acompañada de un pendrive que contiene filmaciones y fotografías que guardan relación con el presente hecho. De las imágenes analizadas, así como los relatos de la representante legal del IPS y el denunciante, surge la hipótesis de la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal, por lo que la fiscal Sandra Ledesma pide la apertura del juicio oral y público.
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De acuerdo a la hipótesis fiscal la abogada Fátima Patricia Agüero Stehlik, ex asesora de la senadora Zenaida Delgado (ex Cruzada Nacional y actualmente en Honor Colorado), en contubernio con los demás acusados, habría ofrecido puestos de trabajo y recategorización de cargos para el Instituto de Previsión Social y hacía firmar supuestos contratos a las víctimas, sin otorgar ninguna copia del documento.
En la etapa de investigación la fiscal Sandra Ledesma incautó varias computadoras, celulares y relojes biométricos, los cuales fueron sometidos a estudios periciales. Así mismo fueron retirados del IPS los equipos informáticos que eran utilizados por los que fueron funcionarios de la previsional, que igualmente fueron sometidos a análisis periciales con el fin de extraer los datos almacenados en las mismas.
La acusación resalta que los resultados de dichas pericias demuestran que efectivamente los acusados conversaban y ofrecian cargos a las víctimas a cambio de sumas de dineros que van desde G. 1.500.000 hasta G. 15.000.000.
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Entrega vigilada en la Costanera de Asunción
La investigación se inició con un operativo de entrega vigilada, que se realizó en la noche del 10 de enero de 2024 en la Costanera de Asunción, donde fue aprehendida la Abg. Fátima Patricia Agüero Stehlik tras recibir la suma de G. 6.000.000 a cambio de conseguirle a un profesional una recategorización dentro del IPS.
Dicho operativo fiscal policial encabezado por la agente Sandra Ledesma inició la intervención una vez que la letrada ingresó a la camioneta del profesional, quien le entregó a Agüero Stehlik la suma de dinero que habían acordado previamente en una conversación telefónica.
La letrada fue detenida por la comitiva fiscal policial dentro del rodado de la víctima, oportunidad en que los intervinientes incautaron los billetes que tenía en su poder, totalizando G. 6 millones, que fueron previamente fotocopiados por orden del juez de Garantías de turno Raúl Florentín Cueto.
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A su vez José Manuel Agüero Stelhik, hermano de Fátima Patricia, habría participado en la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal, prestando servicio en cuanto al traslado de la letrada para llegar hasta el lugar donde la víctima entregó el dinero.