El abogado Guillermo Duarte Cacavelos analizó el controvertido caso en el que un grupo de albañiles realizó un asado en el Cementerio de la Recoleta. El pasado domingo, los hombres encendieron una parrilla y prepararon asado en medio de los panteones, lo que generó indignación en las redes sociales.
En respuesta a la polémica, Cacavelos señaló que la acción debe analizarse desde varios ángulos, incluyendo los aspectos legales, morales y religiosos. Explicó que el Código Penal no tipifica la acción de preparar un asado o realizar una fiesta en un cementerio como un hecho punible, salvo que implique actos que alteren la paz de los difuntos o constituyan un ultraje a las tumbas.
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“El tipo penal sanciona actos como la sustracción de cadáveres, partes del cuerpo o cenizas, así como cualquier acción que profane una tumba. Sin embargo, un asado no encuadra dentro de estos parámetros”, aclaró.
Además, distinguió este caso de la perturbación de la paz pública, que protege la tranquilidad de las personas vivas, no de los restos humanos. “A los muertos se los protege para que sus restos permanezcan en el lugar designado por sus seres queridos, pero hacer un asado no constituye un acto típico del Código Penal”, señaló.
Reglas del cementerio: ¿una cuestión de normas internas?
El abogado también destacó la importancia de considerar las normativas específicas del Cementerio de la Recoleta. “Claramente, el sentido común nos indica que un asado no es una actividad adecuada para un cementerio. Sin embargo, se debe analizar qué establece el reglamento del lugar”, explicó.
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Duarte Cacavelos también reflexionó sobre las condiciones laborales de los albañiles y cuidadores de tumbas, quienes pasan largas horas en el sitio y podrían ver el asado como una práctica usual en su jornada diaria.
Denuncia y posibles implicancias
El administrador del Cementerio de la Recoleta, Marcelo Enciso, presentó una denuncia ante la comisaría, lo que podría derivar en una investigación. Duarte Cacavelos concluyó su análisis señalando que no le sorprendería que el Ministerio Público impute a los trabajadores, pese a que, en su opinión, no cometieron un hecho punible.
“El Ministerio Público de Paraguay siempre sorprende, y podría hacerlo otra vez con este caso, aunque no existan elementos que encuadren la acción dentro de un tipo penal”, finalizó.