Venta de cargos en IPS: jueza debe fijar audiencia preliminar

La acusación presentada por la fiscala Sandra Ledesma en contra de 21 personas presuntamente involucradas en el esquema de “venta de cargos” en el Instituto de Previsión Social (IPS), será analizada por la jueza de Garantías a cargo de la causa Alicia Pedrozo. La magistrada deberá fijar fecha para la audiencia preliminar, a fin de estudiar si remite a juicio la causa por supuesta estafa y asociación criminal.

Fila de interesados en cargo de IPS en la casa de uno de los procesados. Resultó ser una estafa.Gentileza
audima

Los acusados son los funcionarios del Instituto de Previsión Social Zulma Verónica Villalba Colmán, Eduvigis Espínola, Yolanda Teresa Balbuena Martínez, Jorge Manuel Juvinel Ferreira, Édgar David Amarilla y Hilario Velázquez Santacruz. Además de la Abg. Fátima Patricia Agüero Stehlik y sus hermanos José Manuel (estudiante de Derecho) y Lourdes Rocío Agüero Stehlik (obstetra).

También fueron acusados por el Ministerio Público las enfermeras María Luján Aguilera Chaparro y Fátima Adelaida González; los gestores Carolina Martínez Escurra y Blas Antonio Verón, el Abg. Carlos Barreto Ocampos, Jennifer Karina González González (contadora), José Genaro Santacruz Frutos, la Abg. Reina Torres Vda. de Duarte, Rodolfo Daniel Velázquez Caje (barbero), Jorge Felipe Saboredo Azcurra (contador), Cynthia Adriana Caje Cabral (ama de casa) y Anastasia Torres Coronel (contadora).

Según la acusación, todos los encausados integraban un esquema de estafa que ofrecía cargos y recategorizaciones en la previsional, a cambio de sumas de dinero que iban desde G. 1.500.000 hasta G. 15.000.000, sin embargo no cumplían con lo prometido a las numerosas víctimas.

La acusación presentada por la fiscala Sandra Ledesma señala que la abogada Fátima Patricia Agüero Stehlik, exasesora de la senadora Zenaida Delgado (ex-Cruzada Nacional y actualmente en Honor Colorado), en contubernio con los demás acusados, habría ofrecido puestos de trabajo y recategorización de cargos para el Instituto de Previsión Social (IPS) y hacía firmar supuestos contratos a las víctimas, sin otorgar ninguna copia del documento.

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