El juez de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, ordenó inicialmente la prisión preventiva de Bogarín y la abogada Ilsa Paredes, dejando al tercer procesado, José Francisco Ljubetic, con arresto domiciliario. Sin embargo, ante la insistencia de Bogarín y el ofrecimiento de una millonaria fianza, Coronel revocó la prisión y otorgó medidas alternativas. La querella cuestionó la decisión y adelantó que recurrirá a la Cámara de Apelaciones.
Según la investigación, una familia menonita de apellido Friessen desembolsó 1,6 millones de dólares para adquirir 8.000 hectáreas de tierra en el Chaco, un acuerdo que nunca se concretó.
Bogarín apeló en varias ocasiones su prisión preventiva e, inicialmente, la Cámara de Revisión ratificó su reclusión. Posteriormente, el juez Coronel rechazó otra solicitud de revisión. Sin embargo, en un nuevo intento, Bogarín fue beneficiado con medidas sustitutivas.
En su resolución, el juez Coronel argumentó: “En atención al principio constitucional del derecho a la libertad, este Juzgado no encuentra reparos para suspender la ejecución de la prisión preventiva y disponer menos gravosas”.
Entre las condiciones impuestas están el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país o cambiar de domicilio, y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Además, Bogarín ofreció una fianza real de tres mil millones de guaraníes y una garantía personal de 500 millones más.
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La abogada querellante, Gessi Ruiz, expresó su descontento: “Vamos a apelar, aunque presentó una fianza de más de 3.000 millones, consideramos que se debían esperar diligencias muy importantes”.
La familia menonita Friessen asegura que fue víctima de un esquema fraudulento. El dinero desembolsado estaba destinado a la compra de tierras, pero el trato nunca se cumplió.
Durante la investigación se descubrió que Ljubetic recibió parte del dinero y afirmó haberlo usado para pagar coimas en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra para localizar las tierras. Además, Ljubetic señaló que los menonitas no quisieron pagar honorarios relacionados con un caso de sucesión gestionado por su equipo de abogados.