A través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 2241, el juez penal de garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, dispuso el levantamiento de la prisión preventiva y por ende, el arresto domiciliario para el funcionario de la Cámara de Diputados Willian Roberto Bogarín Campuzano. Esto en el marco de la causa en la que está imputado por estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso en la compra irregular de tierras a colonos de Río Verde.
El funcionario de ]iputados cumplía prisión preventiva desde diciembre del 2024. Sin embargo, se le otorgó el arresto domiciliario luego de que, en audiencia de revisión de medidas realizada este viernes, ofreciera una caución juratoria de someterse al proceso, así como una caución real hasta cubrir la suma de G. 3.000 millones, sobre dos inmuebles ubicados en Paraguarí, sobre los cuales el magistrado trabó el embargo.
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Así también, Bogarín ofreció la fianza personal de David Bogarín Campuzano hasta cubrir la suma de G. 500 millones. Esto bajo apercibimiento de que, si dejare de cumplir las medidas impuestas, se las revocarán de inmediato es y se le impondrá nuevamente la prisión preventiva.
El juez Coronel dictó otras medidas para el encausado como las prohibiciones de cambiar de domicilio, sin previa autorización del juzgado; consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, comunicarse con las víctimas y la obligación de, presentarse al juzgado entre el 1 y 5 de cada mes.
Junto con el funcionario de diputados Willian Bogarín, también está imputada su esposa Ilsa Marisela Paredes, a quienes la Fiscalía sindica de haber montado con el abogado José Francisco Ljubetic un esquema de estafa desde 2017. Este último también está procesado en el marco de esta causa.
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Esquema de estafa a colonos de Río Verde
El esquema criminal que fue denunciado engañó a tres hermanos de la Colonia Río Verde, bajo la promesa de adquisición de supuestas tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), montando expedientes de contenido falso ante juzgados incompetentes. Las víctimas fueron identificadas como: Bernardo Friesen Neufeld, Herman Friesen Neufeld y David Friesen Neufeld.
La abogada defensora de los denunciantes, Gessy Ruiz Díaz, expuso que desde el 2017 un estudio jurídico liderado por una persona que se hace pasar por abogado gestionó, a favor de los colonos, la supuesta adquisición de 8.000 hectáreas ubicadas en la Colonia Ñande Mba’e del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento chaqueño de Boquerón. Por estas tierras, las víctimas habían entregado un total US$ 1.600.000, monto que sería el perjuicio por estafa.
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Sin embargo, al realizarse la verificación en el Indert se descubrió que no había ningún trámite administrativo, según reveló la abogada.
Comentó que los denunciados se excusaban con sus víctimas por la prolongación de la adquisición, alegando factores externos como el clima o retraso de los funcionarios de los entes estatales donde se realizaban las supuestas gestiones.
Ruiz Díaz incluso comentó que los supuestos gestores se jactaban de sus vínculos políticos para acelerar los trámites y generar temor en los colonos, al momento que estos empezaron a sospechar con respecto a las irregularidades posteriormente confirmadas.