Los abogados Bernardo Villalba, Idilio Acosta y Fausto Portillo solicitaron en sus alegatos finales la absolución de culpa y reproche del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre (ANR - cartista), del proceso penal por el presunto desvío de G. 5.105.600.000 de los fondos de emergencia transferidos a la institución departamental por el Gobierno Central para hacer frente a la pandemia por covid-19, en el año 2020.
Los defensores afirmaron que el Ministerio Público no probó los hechos acusados y que en el juicio oral se demostró que sí existen las 14 obras por las que la Gobernación de Central pagó los G. 5.105.600.000. “Eso de ‘obras fantasmas’ quedó desbaratado en este juicio”, resaltó el Abg. Bernardo Villalba.
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Las defensas de los acusados Javier Marcelo Rojas Giménez y Luis Eduardo Allende Araujo, representadas por los abogados Fernando Rojas y César Acevedo, respectivamente, presentaron también sus alegatos finales, cuestionaron la investigación fiscal y solicitaron la absolución de los procesados del presente proceso penal.
El juicio oral continuará este viernes 3 de enero, desde las 8:00, con los alegatos finales de las defensas de Miguel Ángel Robles Ibarra, Lourdes Lezcano Decoud y Modesta Valiente. Posteriormente el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón pasará a deliberar para luego dar a conocer su veredicto sobre la causa.
Fiscalía pide 8 años de cárcel para Hugo Javier
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola presentaron sus alegatos finales el lunes 30 de diciembre de 2024 y solicitaron una condena a 8 años de cárcel para el exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre por el caso conocido como “obras fantasmas” en la Gobernación.
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Los agentes del Ministerio Público pidieron también 8 años de cárcel para el exasesor y exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el supuesto “cerebro del esquema delictivo”; y 3 años de prisión para el exdirector de Administración y Finanzas de la gobernación Javier Marcelo Rojas Giménez.
Además, los fiscales requirieron 3 años de cárcel para la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; y 2 años de pena para el extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente.
Según lo resaltado por los agentes, el daño patrimonial a la Gobernación de Central fue consumado mediante un esquema montado por el entonces titular de la institución departamental, Hugo Javier González, con la finalidad de robar el dinero que estaba destinado a la realización de obras sociales y que fueron simuladas con facturas falsas.
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Desvío de G. 5.105 millones en Central
En el juicio oral que inició el 17 de junio de 2024 los fiscales anticorrupción aseguran haber probado los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, uso de documentos no auténticos y declaración falsa, que ocasionaron a la Gobernación de Central un perjuicio de G. 5.105.600.000, durante la administración de Hugo Javier González.
Con las facturas apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas, aparentemente, se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier como gobernador a favor del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, mientras que las de la segunda rendición presentan inconsistencias y no llegan a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto, pudiendo existir entre la primera y la segunda rendición un perjuicio patrimonial importante.
El 29 de diciembre de 2020 el entonces gobernador Hugo Javier González habría autorizado a través de dos resoluciones, presuntamente firmadas también por la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, desembolsos de dinero para la ejecución de obras a favor de CIAP.
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Aprobaron desembolsos pese a irregularidades
En los alegatos finales los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción resaltaron que los desembolsos se dieron, presuntamente, en el marco de dos proyectos genéricos presentados por los representantes de la fundación CIAP, como “construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central”, con presupuesto de G. 3.063.360.000, y también “pavimentación asfáltica empedrado” por valor de G. 2.042.240.000.
Esos proyectos no detallaban las obras que iban a ejecutar ni el lugar, sino que solo estaban especificados los montos solicitados para cada obra que se debía realizar en el marco del “Convenio de cooperación interinstitucional entre la GDC y los municipios del departamento Central”, al que llegaron Hugo Javier y Tadeo Álvarez.
Así también, los fiscales puntualizaron que la fundación incumplió su obligación de presentar rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) en tiempo oportuno y de conformidad a la Ley de Presupuesto y, debido a esto, no podía recibir nuevos desembolsos a su cuenta. Dichos desembolsos totalizaron G. 5.105.600.000, según la acusación fiscal.
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