Este jueves se realizó la audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, para Alicia Beatriz López Lugo (43), José Elías Gómez Espínola (24) y Jesús Antonio Domínguez (46), detenidos el lunes último durante los allanamientos realizados en el marco de la operación Ferrum contra el tráfico de armas.
En este marco, Legal dispuso el cumplimiento de la medida de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, para la imputada por tráfico ilícito de armas y producción de documentos no auténticos, Alicia Beatriz López Lugo. Según se detalla en su Auto Interlocutorio (AI) N° 506.
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Así también mediante el AI N° 507, el magistrado dispuso la prisión preventiva para José Elías Gómez Espínola y Jesús Antonio Domínguez, imputados por los hechos punibles de tráfico ilegal de armas, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lavado de dinero, declaración falsa y asociación criminal.
Para el caso de estos últimos, el jueza dejó a consideración del Ministerio de Justicia a modo que establezca el recinto más adecuado para que puedan cumplir la medida.
Empleada de armería habría simulado venta, según Fiscalía
De acuerdo con los datos de la imputación presentada por los fiscales Osmar Segovia, Luis Said, Cristhian Ortiz y Alejandro Cardozo, el 22 de setiembre de 2023, Alicia López en su carácter de empleada de la firma “Global Hawk Defense SA”, presentó una nota ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel) comunicando que entre diciembre de 2022 y enero de 2023, vendió 72 armas de fuego, pero las mismas no contaban con registro en el sistema integrado de dicha entidad.
Cabe resaltar que López realizaba dicho procedimiento en base a un poder general, expedido en su favor el 30 de mayo de 2022, por Darío Javier Karmel y Agustina Elisa Raphael, ante el escribano Jorge Augusto Miller Donna, en representación de la firma “Global Hawk Defense SA”.
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De ese total de armas comercializadas, 70 fueron vendidas supuestamente al comercial “Caza y Pesca RD”, que sería propiedad de César Augusto Céspedes Fernández; en tanto que las otras 2, fueron vendidas a la casa “Santa Rosa de Lima”, que figura a nombre de Isabelino Jiménez, un cuidacoches de la Chacarita.
Al momento de obtener su declaración en cuanto a porqué no llenó los registros, López se justificó señalando a la Fiscalía que “no lo habría realizado por sobrecarga laboral y desconocimiento de las resoluciones de la Dimabel, pues se encontraba en periodo de transición y asunción de nuevas funciones debido al fallecimiento del funcionario Marcos Rafael Balbuena, que era el responsable del manejo administrativo ante la Dimabel, en representación de la empresa “Global Hawk Defense SA”.
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Armas fueron vendidas fueron incautadas en Brasil
Así también, siempre según la imputación, Alicia López habría utilizado notas de remisión en las que habría asentado de puño y letra las supuestas ventas de las armas, consignando en dichos documentos las firmas de los supuestos destinatarios César Céspedes e Isabelino Jimenez, al pie de cada documento. Esto como comprobante de la transacción.
Sin embargo, todo lo que fue consignado en esas notas de remisión emitidas por López, no se compadecería con la verdad histórica de los hechos, pues lo supuestos compradores no habrían recibido ninguna esas armas.
A esto se suma que el 19 de enero de 2023, se realizó la incautación de unas 160 armas de fuego en la ciudad de Guaira, territorio brasileño. Entre ese total, estaban dos pistolas Canik, que debían estar en los depósitos de “Global Hawk Defense SA”. Este hecho permite a la Fiscalía sospechar que Alicia López habría simulado la venta de esas armas a la casa comercial “Caza y Pesca RD”.
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Reclutaban personas para simular compra de armas
En cuanto a los hechos señalados en la imputación contra José Elías Gómez y Jesús Antonio Domínguez, se tiene que el 22 de agosto del 2023, la Dimabel, infomó las verificaciones efectuadas por el Centro Nacional de Rastreo de Armas (CENARA) que denotaban la presunta transgresión a la Ley N° 4036/10.
Específicamente, ese informe daba cuenta de que tras la verificación al domicilio declarado de los hermanos Osvaldo Daniel Ozorio Fleitas, Jorge Ariel Ozorio Fleitas y Cristian Daniel Ozorio Fleitas, se constató que las armas adquiridas por estos no se encontraban en poder de los mismos, ni en su domicilio, y que al parecer estos y varios vecinos más habrían sido incentivados por José Elias Gómez para la adquisión de una cantidad considerable de armas de fuego.
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De esta forma, se pudo contar con la información de que José Elías Gómez, presumiblemente en complicidad con Jesús Antonio Domínguez, habrían organizado y coordinado la realización de actividades relacionadas a la tenencia, comercialización y tráfico ilícito de armas de fuego. Esta actividad la habrían realizado entre mayo, junio y julio del 2023.
En ese contexto, según la teoría fiscal, José Elías Gómez se habría encargado de reclutar y pagar a personas con el presunto fin de simular las compraventas de armas de fuego, además de gestionar documentaciones necesarias dentro de la empresa “Global Hawn Defense”, donde Jesús Domínguez, su pariente, era empleado.
Entonces el esquema consistía en que José Gómez llevaba a los “compradores” reclutados, hasta “Global Hawn Defense”, y Jesús Domínguez, se encargaba de obtener la firma de dichas personas en los formularios de “Solicitud de tenencia de arma de fuego Categoría (Inscripción)” y a su vez, realizar las tomas fotográficas (requísitos propios de dicho trámite), para procesar la petición ante Dimabel.
Incluso, Jesús Domínguez habría tomado fotografías a los formularios, para simular la entrega y el retiro de armas por los “compradores reclutados”. Sin embargo, los artefactos bélicos no fueron entregados a los compradores y hasta hoy ese lote de 67 armas se encuentra con paradero desconocido.