El juez de Garantías Miguel Palacios fue nuevamente confirmado en la causa Berilo por el Tribunal de Apelación Penal 1ª Sala de la Capital, que rechazó la recusación planteada por la acusada Yisela Noemí Ramírez, lo que había motivado la 10ª suspensión de la audiencia preliminar para el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y más de veinte acusados en la causa.
Los camaristas Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y José Waldir Servín concluyeron que si bien la recusante no invocó específicamente los presupuestos del inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, que refiere cualquier otro motivo grave para la excusación de los jueces, se comprende que se refiere al mismo.
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“Sin embargo, ésta causal debe darse respecto del magistrado hacia las partes y no en sentido inverso ni con otros magistrados que hayan intervenido en el proceso; asimismo, deben configurarse en primer lugar por la duda respecto a la capacidad del Juez para juzgar o seguir juzgando imparcialmente en una causa”, resalta el tribunal de alzada en el Auto Interlocutorio N° 321 de fecha 16 de diciembre de 2024.
En la recusación planteada bajo patrocinio del abogado Édgar Martínez, la acusada Yisela Noemí Ramírez afirmó ser una víctima de la conducta del juez de Garantías, teniendo en cuenta que hace más de seis años está con prisión preventiva, olvidando que es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria firme que diga lo contrario, según resaltó en el escrito.
Será la 11ª convocatoria para Cucho y Ulises
Una vez que la Cámara de Apelaciones remita el expediente, el juez Miguel Palacios podrá fijar nueva fecha para intentar, una vez más, llevar a cabo la audiencia preliminar, a fin de resolver si eleva a juicio oral y público la causa, así como pidió el Ministerio Público en la acusación presentada en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022.
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La última vez que se intentó llevar a cabo la audiencia preliminar fue el lunes 9 de diciembre de 2024, cuando se suspendió debido a recusación planteada Yisela Noemí Ramírez, en contra del juez Miguel Palacios, alegando que el magistrado “está totalmente servicial al Ministerio Público”, teniendo en cuenta que “rechaza todos los planteamientos sin respetar la ley y menos a nuestra Constitución Nacional.”
Sobre las anteriores chicanas planteadas por las demás defensas, la coacusada Yisela Ramírez resaltó en su escrito de recusación, que el juzgado de Garantías pretende atribuir a los encausados el tiempo que tardó la Sala Constitucional en resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el propio Ministerio Público.
“Abiertamente carga sobre los procesados la mayor chicanería planteada por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad que robó casi 2 años y seis meses de este proceso, y ahora por esa antigüedad no permite a los defensores viajar, atender otras causas ni poder pasar su maternidad con tranquilidad”, señaló Ramírez.
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Fiscalía afirma que Cucho financió a Ulises
La acusación del Ministerio Pública puntualiza que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según la acusación.
Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
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A este hecho se suma que Ulises utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Cucho, quien adquirió el rodado con dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo a la hipótesis fiscal.
Habría colaborado para liberar dinero narco
La acusación fiscal sostiene además que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
Para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína, según la acusación fiscal.
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Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.