Faltan menos de 24 horas para la apurada subasta de 6 hectáreas de tierras municipales en la Costanera Norte de Asunción, encaradas por el imputado intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) y el proceso está plagado de irregularidades, según coinciden en señalar concejales de la oposición, gremios de la sociedad civil y potenciales inversores. El remate está previsto para mañana´, miércoles 18 de diciembre, a las 9 y las 10 de la mañana.
Una de las más notorias y que forman parte de la acción presentada ante la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas por el abogado Enrique Wagener, se relaciona con la comisión que se otorgará a los rematadores designados: Mario C. Person Báez, Elisa Raquel Troche Báez, Osvaldo Luces Rolón y Walter Ayala Sanabria.
Lea más: Subasta de Costanera: remate debe posponerse por 15 días, según abogado
Mientas el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la subasta, en su artículo 14° asigna a los rematadores un 6%, más IVA, sobre el monto del bien adjudicado, el artículo 163 del Código Orgánico Judicial (C.O.J.) estipula que los martilleros cobrarán solamente un 2% sobre el monto de adjudicación para propiedades inmuebles.
A esto se suma la designación “a dedo” de los rematadores, reconocida por el jefe de Gabinete de la Intendencia, Nelson Mora, quien dijo que los martilleros fueron designados en la sesión del Comité de Subasta del 27 de noviembre “a partir del estudio del listado de profesionales martilleros alojado en la página web de la Corte Suprema de Justicia”, y tras un “análisis exhaustivo de perfiles, referencias y experiencia de cada profesional”. En un primer momento, el PBC requería de un sorteo y una convocatoria a martilleros habilitados por la Corte, pero finalmente se retiraron estos requerimientos.
Apurada subasta de Costanera: millonaria comisión para los rematadores
El precio base de las tierras es de G. 62.013.331.828 para la fracción A1 ( 2 hectáreas) y de G. 112.849.465.752 para la fracción A3 (4 hectáreas), dando en total un precio base de G. 174.862.797.580, aproximadamente US$ 22 millones.
Teniendo en cuenta la comisión de 6% establecido en el PBC, los rematadores de la fracción A1 cobrarían como mínimo G. 3.720.799.909, mientras que los de la fracción A3 llevarían como mínimo G. 6.770.967.945.
Lea más: Junta Municipal: aplanadora cartista “emparcha” errores y avala subasta de Costanera
Según confirmaron fuentes de ABC Color, el rematador Walter Ayala Sanabria es muy cercano a Jorge Ariel Cantero, actual funcionario municipal y parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la comuna asuncena.
Sanabria y Cantero fueron compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Subasta en tiempo récord y crisis financiera
La subasta se realizará en un tiempo récord, de 60 días desde la fecha en que Nenecho presentó el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) a la Junta Municipal. La convocatoria se hizo antes que se defina el uso de suelo, lo cual recién se dio el miércoles último, con la aprobación del Plan Regulador de la Franja Costera. En el lugar, tampoco se realizaron inversiones previas, en desarrollo urbano, que permitieran aumentar el valor de los inmuebles. Uno de ellos, el A3, cada vez que llueve, se inunda, como ocurrió la semana pasada.
Lea más: Subasta de Costanera: a dos días de apurado remate, Nenecho no define destino del dinero
Además, no está definido en detalle cómo se empleará el dinero producto de la venta. El PBC determina que será en pago de deudas e inversiones, pero no detalla cómo ni en qué porcentajes.
El precio base de la subasta es de US$ 22 millones en total. Se ofertarán, con una hora de diferencia, dos inmuebles, el A1, conocido como el autocine, sobre la avenida Costanera, de 2 hectáreas; y el A3, ubicado detrás de las viviendas sociales conocidas como las casitas de colores, sobre avenida Costanera y General Santos. Este lote tiene 4 hectáreas.
Lea más: Subasta de la Costanera podría ser impugnada debido a irregularidades, sostiene abogado
Mientras Nenecho apura la subasta, su administración se encuentra en crisis financiera. Solo a la Caja de Jubilados debe más de G.13.700 millones. Además, el intendente está investigado por el desvío de G. 500.000 millones de bonos para obras que no se ejecutaron, fondo que se destinó a “gastos corrientes”, según su gabinete. También está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro” y en la cual la Fiscalía habla de un perjuicio de G. 1.800 millones.