El 2 de octubre pasado, el juez de ejecución penal especializado en delitos económicos Carlos Mendoza emplazó al exintendente de Arroyito, Samuel González Valdez, a presentarse ante la justicia para cumplir su condena de 5 años de cárcel, por desviar recursos de la comuna en obras fantasmas.
A partir del emplazamiento del magistrado, el exintendente planteó distintos recurso para revertir dicha decisión, pero no prosperó.
Un recurso de apelación general fue el último de ellos, recientemente declarado inadmisibile por el Tribunal de Apelación en lo Penal, tercera sala, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín.
La sentencia definitiva N° 71, fue dictada en un juicio oral y público que concluyó el 18 de marzo de 2022, con la condena a González por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
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Desembolso de G. 732.600.000, trabajos por G. 10.000.000
El Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Portillo e integrado con Yolanda Morel y Elsa García declaró probada la acusación del entonces fiscal de delitos económicos Osmar Legal, actual juez penal de Garantías.
En juicio, el fiscal Silvio Corbeta pidó una condena de 6 años de cárcel para el exintendente.
Por unanimidad, el colegiado concluyó que González Valdez causó un perjuicio de G. 722.600.000 a la comuna, al desviar recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y de royaltíes. De los 732.600.000 desembolsados, solo G. 10.000.000 fueron invertidos en el Colegio Mayor Otaño, donde los trabajos realizados llegaron solo hasta el muro de nivelación.
Para el efecto, se demostró en juicio que entre los años 2018 y 2019 el entonces intendente utilizó una serie de documentaciones a los efectos de simular la realización de obras y así, disponer de dichos recursos.
Las “obras fantasmas” de la administración de Samuel González Valdez
En total, se detectaron cinco obras “fantasmas” durante la administración de González, que son las siguientes:
- Construcción de bloque de dos aulas en la Escuela Básica N° 6.696 Don Serapio Valenzuela;
- Baño sexado en el Colegio Nacional Mayor Julio Otaño;
- Bloque de tres aulas en la Escuela Básica N° 443 Mayor Julio Otaño;
- Cancha de fútbol de salón en el Centro Comunitario del Asentamiento Núcleo 3;
- Construcción de alcantarillado frente a la Iglesia María Auxiliadora.
Intendente de Arroyito utilizó documentación fraguada
En juicio, se demostró la falsificación de documentos desde los supuestos contratos, compra de materiales y hasta la recepción de las supuestas obras.
“Quedó probado en juicio que el acusado usó documentos administrativos para justificar y conseguir desembolsos para obras civiles que en realidad no se ejecutaron, y entre esos documentos administrativos se encontraban contratos, actas de inicio de obras, actas de recepción provisoria y actas de recepción definitiva, todos estos creados y utilizados al solo efecto de dotar de una legalidad ficticia a los procesos de desembolsos para la consiguiente utilización de esos fondos”, señala el fallo condenatorio.
Entre la documentación apócrifa utilizada para el desvío, están las correspondientes a la contratación del contratista Silvino Ortiz, supuesto encargado de las obras de alcantarillado frente a la Iglesia María Auxiliadora y la construcción de aulas en la escuela Mayor Otaño.
“En esos documentos individualizados en los hechos, contratos, actas de inicio de obra, actas de recepción de obras, invitación para presentación de oferentes, se contenía una declaración donde el contratante (Silvino Ortiz) se comprometía a realizar obras civiles en tiempo determinado y de una forma determinada; pero estos documentos no prevenían de la persona que figuraba como su autor, en este caso, como se dijo, el señor Silvino Ortiz”, señala la sentencia.
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“Y estos documentos no auténticos fueron utilizados por el acusado, para que los mismos sirvan como justificativo para solicitar y conseguir los desembolsos de dinero que se encontraban en las cuentas d la Municipalidad en el Banco Nacional de Fomento, y que provenÍan de fondos de Fonacide y royaltíes, así como utilizarlos para los registros contables y el control del manejo de los fondos de la institución municipal” resalta el tribunal en su argumentación.
“Es decir, para que esos desembolsos se dieran debían de formarse carpetas administrativas donde conste que el dinero solicitado sería utilizado para la finalidad de los fondos provenientes de Fonacide y Royaltíes, ya que estos tienen una finalidad exclusiva y no pueden ser utilizados en otros distintos que al señalado por la Ley Samuel González Valdez actuó con dolo, ya que conocía que esa firma no provenía del señor Silvino Ortiz, debido a que era el mismo el que contrataba al proveedor, a través de su firma en los contratos de las dos obras señaladas, por lo mismo sabía que ese supuesto acuerdo jamás se dio”, explica el fallo.
Docentes se enteraron de obras a través de la prensa
A modo de ilustar la manera grosera en que desviaron los recursos en Arroyito, transcribimos parcialmente el relato de algunos testigos que declararon en juicio. El representante del Asentamiento Arroyito Núcleo 3, Salvador Sánchez relató al tribunal que se enteró de la supuesta construcción de aulas en la Escuela N° 443 Mayor Julio Otaño a través del director de la institución.
“(...) el director de la Escuela Mayor Julio Otaño, profesor Florencio Morán se comunicó con él mismo y le comentó que le llegó un documento donde había un contrato de ejecución de obra de hormigón armado en su institución con un valor superior de 200.000.000 pero que no tiene esas aulas, que sus aulas datan de 40, 50 años de uso, razón por la cual decidieron denunciar tal irregularidad ante el Ministerio Público a finales del 2019 y que posteriormente acompañaron a Ia gente de la Contraloría cuando se constituyó en el lugar y que efectivamente no habia obras en varios de los lugares mencionados donde se constituyeron”.
Institución “beneficiada”, con riesgo de derrumbe
A su vez, el docente Morán relató que se presentó por medio de la- Dirección un proyecto de tres aulas nuevas con hormigón armado, pero nunca fueron atendidos y esas aulas que pidieron nunca fueron construidas. El testigo reveló que la construcción de la institución tiene más de 40 años y tiene riesgo de derrumbe, por lo que utilizan únicamente como comedor para 240 niños.
Con las pruebas producidas en juicio quedó probado que el acusado utilizó documentos administrativos con firmas que no le correspondían al señor Silvino Ortiz, supuesto contratista de las obras del Alcantarillado frente a la Iglesia María Auxiliadora y la construcción de aulas en la Escuela Mayor Otaño.
A su vez, el educador Nicolás Valenzuela Mendoza, encargado de la escuela Serapio Valenzuela hace más de 23 años, contó que se enteró de la supuesta obra a través de la prensa. Aclaró al tribunal que a la referida institución tiene solo dos aulas y asisten a la misma solo 15 niños, razón por la que nunca solicitó ninguna construcción ni al intendente ni al Ministerio de Educación.
“Figuraba que se construyeron salas nuevas y en realidad lo que ahí se hizo fue la reparación de dos aulas, que eso mandó hacer el Intendente, pero en el 2019 (mes de marzo y abril) en forma posterior a la supuesta realización de esta obra. Recordó que fue el señor Higinio Morínigo quien realizó estas reparaciones y que solicitó en forma urgente porque el techo podía colapsar y caer sobre los niños”, explicó el testigo Valenzuela.
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Pericia caligráfica demostró falsedad de firmas
Entre las pruebas presentada por la Fiscalía está una pericia caligráfica, que demostró que las firmas obrantes en la documentación correspondiente a Silvino Ortiz, propietario de Construcciones Silvestre, obrantes en el expediente administrativo de las obras mencionadas no le pertenecen.
A continuación, parte de la conclusión del Tribunal:
- “Entonces el tipo objetivo de este tipo penal se cumple en el sentido que se ha probado que existió y se usó un documento no auténtico, aunque no se haya probado que el acusado haya causado la existencia de este documento”.
- “El Tribunal pudo corroborar con los elementos probatorios que el acusado sabía que esa firma no le pertenecía al señor Silvino Ortiz, ya que él firmó conjuntamente el contrato para la realización de las obras, es decir sabía que en realidad esas obras no se iban a realizar y por lo mismo resulta lógico concluir que sabía que el trato con el señor Silvino Ortiz para la realización de las obras del alcantarillado frente la Iglesia María Auxiliadora y la construcción de las aulas en la Escuela Mayor Otaño, no existía o en otras palabras nunca se dio en la realidad.
- “Sumado a su firma en el contrato, el acusado firmó en conjunto con el supuesto contratista (Silvino Ortiz) actas de inicio y actas de recepción provisoria de las obras donde afirmaban los presentes firmantes que las obras estaban en perfectas condiciones, circunstancia que en el contradictorio se pudo determinar no se condecía con la realidad”.
Otros condenados por la “tragada”
El exintendente Samuel González Valdez fue el único de los seis procesados por el desvío de fondos de la Municipalidad de Arroyito que afrontó juicio oral y público.
En un procedimiento abreviado, los funcionarios municipales Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González (jefe de obras) y Estela González de Sánchez, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la condena. Idéntica pena se estableció para los contratistas Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández, en las mismas condiciones.
Con el consentimiento del Ministerio Público, Dávalos, González y Cardozo acordaron donar G. 2 millones mensuales al Hospital de Concepción, durante dos años. a modo de reparación de daño. Similar imposición se estableció para los demás, en distintas audiencias.