El fiscal de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, refirió que en su unidad tiene aproximadamente 20 carpetas con denuncias de presuntas estafas y falsificación de firmas ocurridas en el año 2021, donde fueron víctimas pequeños productores clientes de la oficina local del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). En ese período de tiempo, se retiraron créditos millonarios de entre G. 6 millones a G. 25 millones, a nombre de campesinos de la comunidad, a quienes dejaron con deudas y altos intereses.
Los afectados reiteran su pedido por justicia, que, para ellos, no ha avanzado, mientras que la mayoría quedó con cuentas millonarias y sin posibilidad de acceder a nuevos créditos.
La mayoría de las causas permanecen en la otra unidad fiscal, a cargo de Ever García, quien habría imputado en 2022 a tres funcionarios por presunta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. García expresó que las investigaciones no avanzan debido a que las pericias técnicas son remitidas al laboratorio forense en la capital, y cada caso puede tener resultados en un promedio de cuatro meses.
Ortega coincidió con lo expresado por el otro fiscal, pero él optó por no librar imputación antes de obtener los resultados de los análisis técnicos, que ayuden a sostener una posible imputación. No obstante, indicó que con los primeros resultados ya habría indicios de que pudo haberse cometido el hecho punible.
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Investigados continúan cobrando
Dos de los investigados en la causa, a quienes García imputó, continúan dentro de la institución con sueldos superiores a los G. 5 millones, según la nómina de funcionarios del CAH, del mes de septiembre de este año. Se trata de Aldo Wilfrido Barrios Domínguez, contratado permanente, que en total entre salario y gastos por residencia percibe G. 6.300.000, mientras que Nenelio David Ocampos Fernández tiene un sueldo de G. 5.100.000.
El único destituido del cargo tras el escándalo fue el entonces director distrital del CAH, Albino Bareiro, quien fue candidato por las internas del Partido Colorado para intendente municipal, en las elecciones celebradas ese mismo año.
El fiscal García indicó que para este año ya no augura que habrá más avances, entendiendo que los resultados de las pericias están bastante retrasados.
Por su parte, Ortega sostuvo que tiene identificado a los posibles responsables, aunque no haya emitido imputación todavía, a más de dos años de haberse realizado las primeras denuncias.
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Presuntas estafas
Los casos denunciados tienen en común que casi todos eran clientes previos del CAH, que habían cancelado créditos anteriormente. El caso, por ejemplo, de Viviana González Ocampos (74), quien refirió haber pagado su último préstamo en 2015, viajó a Buenos Aires y al retornar se encontró con una deuda por un crédito de G. 20.000.000, en septiembre del 2021.
También Fermín Cubilla (49) y Mariano Cubilla Ocampos (72), quienes se dieron cuenta de que adeudaban a la institución G. 25.000.000 cada uno. En el caso de Del Rosario Zotelo Bustamante (64), sostuvo que su última deuda la había pagado en 2017 y cuando quiso averiguar su situación crediticia, constató que figuraba a su nombre un préstamo de G. 12.000.000. Como estos, son varias más las denuncias de estos créditos no reconocidos, los que están siendo estudiadas en el Ministerio Público.
Según declaraciones que había hecho a la prensa el extitular distrital del CAH, Albino Bareiro, se trataría de una “rosca” la que estaría detrás de este tipo de estafas y que él habría sido utilizado como “chivo expiatorio”. Se presume que los funcionarios pagaban a terceros para que efectivizaran los créditos en el Banco Nacional de Fomento, aprobados con firmas falsificadas.