Para este jueves estaba prevista la realización de la audiencia preliminar al pastor José Alberto Insfrán Galeano, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, acusado en el caso A Ultranza. Sin embargo, la misma fue suspendida y fijada para el 17 de diciembre por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, esto a pedido de la fiscala antidrogas Ingrid Cubilla, que interina a su colega Deny Yoon Pak.
Al momento de realizar la mencionada diligencia judicial, la magistrada deberá resolver si eleva a la instancia de juicio oral y público la causa relacionada al pastor José Alberto Insfrán o no, de acuerdo con los elementos que vayan a presentar tanto la defensa como el o la representante del Ministerio Público.
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El pastor José Alberto Insfrán fue acusado por el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak. En este contexto, según la teoría del agente investigador, se le atribuyen los hechos de lavado de dinero y asociación criminal, en concordancia con lo establecido tanto por la Ley N° 1340/88 y el Código Penal.
Es así que, según los datos recogido por la Fiscalía José Insfrán habría colaborado para introducir el dinero obtenido a través de la comercialización de sustancias por su hermano Miguel Ángel, al sistema financiero legal. Pero, su ayuda no se centró solo en esa actividad, sino que también él se habría beneficiado con las ganancias adquiriendo bienes, entre ellos el inmueble de Curuguaty donde levantó la sede de su Centro de Convenciones Avivamiento, un local de retiro y otro sitio más en Mariano Roque Alonso, al igual que vehículos de alta gama.
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José Insfrán pasó de tener un depósito de materiales a un potentado pastor
En las páginas de la acusación, se señala que José Insfrán inició su actividad comercial en 1995 cuando se inscribió como contribuyente. En ese entonces indicó como actividad económica principal “depósito de materiales de construcción y ramos generales”.
Sin embargo, el 1 de enero de 2017, José Alberto Insfrán actualizó su actividad como “comercio al por menor de otros materiales de construcción, tales como ladrillos, madera, equipo sanitario”. En 2019, inscribió una actividad secundaria como “servicios personales no especificados”.
Al estar inscripto como contribuyente, esto le habilitó para emitir y recibir facturas, tanto por la compra como por la venta de bienes a modo de justificar sus ingresos y egresos. Esto dentro de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Renta Personal (IRP) y a la Renta Empresarial (IRE).
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Así, la acusación fiscal detalla que por el IVA, Insfrán declaró ingresos por G. 7.098.507.910 y egresos por G. 7.478.446.352; en tanto que por la IRP, el pastor declaró que entre el 2019 y 2020, tuvo ingresos por G. 1.706.499.999 y egresos por G. 3.051.931.084, mientras que entre 2021 y 2022 no presentó declaraciones.
Para la Fiscalía, todas las declaraciones constituyen una simulación tributaria entre el acusado y los demás integrantes de la organización criminal. Según la teoría del Ministerio Público, los investigados “se facturaban entre sí, ya sea como personas físicas o bien mediante la utilización de las empresas creadas por la familia Insfrán, con el objeto de insertar o poner en circulación el capital ilícito reunido por Miguel Ángel Insfrán Galeano, obtenido como producto del narcotráfico”.
Resalta el fiscal que todo lo declarado por Insfrán, como ingreso, no supera el costo del bien adquirido en 2020 donde puso a funcionar su Centro de Convenciones Avivamiento, valorado en G. 7.751.490.400 y esto, sin contar los demás bienes como el centro de retiro y el de Mariano Roque Alonso.
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Lograron concejalías con apoyo del pastor, según acusación de A Ultranza
La acusación refiere que una de las formas de potenciar a la organización era mediante el financiamiento de campañas políticas, con el fin de ubicar a las personas afines a la organización criminal, en los distintos cargos, entre otros, en el Poder Legislativo, en el Municipio de Curuguaty, como así también en la Gobernación del Departamento de Canindeyú.
Igualmente el dinero del narcotráfico también era introducido en el sistema judicial y de seguridad para contar con información privilegiada. Esto sucedía “mediante los pagos realizados a los funcionarios de las distintas instituciones del Estado, en especial a los órganos encargados de la fuerza pública, a quienes los mantuvo corrompidos a cambio de obtener informaciones privilegiadas, con el fin de no ser descubiertos ni detenidos”.
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Así ocurrió con el acusado Magno Deleón, quien era ‘Jefe de Sección, categoría JB1′, en el ‘Subprograma de Administración de Justicia del Departamento de Canindeyú’, desde el 2020 y anteriormente fue dactilógrafo y otro”.
En medio de las pretenciones de la organización, intentaron valerse de las necesidades de las personas que acudían a la asociación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, a través del cual suministraban medicamentos y demás insumos básicos de subsistencia, para mantener la simpatía de sus seguidores.
“Es así que el núcleo de la familia Insfrán logró colocar al acusado Magno Deleón como concejal de la Municipalidad de Curuguaty, quien ganó las elecciones en el mes de octubre de 2021, para el periodo 2021 a 2025; mientras que al acusado Juan Carlos Ozorio lo tuvo a su servicio durante el periodo de tiempo en el que el citado se desempeñó en el cargo de Diputado Nacional y a quién se lo pretendía ubicar como Senador”, según se expresa en la acusación fiscal.