Con la decisión del Tribunal de Apelación, cuarta sala, se ratifica la condena impuesta al exsubjefe de la comisaría de Bella Vista, el subcomisario Julio César Morínigo, a siete años de pena privativa de libertad y cinco años de cárcel para la comerciante María Dolores Melgarejo Sosa.
Esta decisión es el resultado de los votos en mayoría de los magistrados Arnaldo Fleitas y María Belén Aguero. El tercer integrante de la Cámara, Arnulfo Arias, votó en disidencia, por considerar que correspondía aplicar la pena requerida por el fiscal antidrogas Osmar Segovia, que fue la de cinco años de pena privativa de libertad para ambos.
El fallo ahora ratificado por mayoría fue dictada el 19 de julio pasado, por el Tribunal de Sentencia presidida por María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas.
El colegiado declaró probada la responsabilidad de los acusados en los hechos punibles expuestos por el fiscal Segovia en su acusación, resultado de la investigación abierta con relación a una organización dedicada al narcotráfico internacional.
La investigación en la causa caratulada “María Dolores Melgarejo Soto y otros sobre tráfico internacional, tenencia y comercialización de drogas” revela que el grupo trasladaba estupefacientes ocultos en muebles hasta la zona ubicada entre Luz Bella, San Pedro y Maracaná, departamento de Canindeyú, para su posterior remisión a la Argentina.
De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, el líder del grupo sería Manuel Martínez Ledesma, identificado como el que se habría encargado de organizar la remisión de los cargamentos ilícitos al extranjero. De la misma manera, Juan Ángel Villaverde Parra fue identificado como colaborador de la organización, puesto que fungía de enlace entre el jefe y los demás miembros del grupo, habría sido el encargado de conseguir las sustancias estupefacientes desde su lugar de producción. Ambas personas se encuentran prófugas de la justicia.
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Los que sí cayeron en el procedimiento realizado el 23 de setiembre de 2020 en la zona de Cruce 6.000, San Pedro fueron la comerciante María Dolores, su hija adolescente y el chofer del camión Nissan utilizado para el traslado de los muebles “contaminados”, estos dos últimos liberados tras constatarse que no estaban en conocimiento de los hechos ilícitos.
En la ocasión, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) requisaron un total de 1.078 kilos de marihuana, distribuidos en 70 paquetes ocultos en muebles como fiambreras y otros, que eran transportados en un camión.
“El grupo delictivo organizado operaba entre la localidad de Maracana y Colonia Primavera, transportando los cargamentos de droga en diversos tipos de camiones, desde la zona de producción hasta San Pedro hasta atravesar la frontera con la República Argentina, utilizando medios fluviales, siendo dicho país el destino final de las drogas”, sostuvo el fiscal antidrogas, tras comentar que el grupo se mantuvo operativo entre los meses de junio y agosto de 2020.
En lo que respecta a la participación de los acusados, el fiscal Segovia sostuvo que la comerciante acusada se encargaba de la logística, pues la misma se encargó de conseguir los muebles y el vehículo utilizado para el efecto y además de estar en permanente contacto de los demás miembros de la organización, se encargó de acompañar el cargamento hasta su destino final.
Asimismo, la Fiscalía acusó al subcomisario Morínigo de brindar cobertura a la organización y destaca que el día del procedimiento de la Senad, el vehículo pasó por su jurisdicción con la carga. De acuerdo con datos técnicos presentados por la Fiscalía, se pudo constatar la existencia de conversaciones entre el uniformado y los demás integrantes de organización delictiva actualmente prófugos.
“Se le atribuye prestar servicios al grupo delictivo organizado, y esto se constata ante el desapego de sus funciones policiales, como subjefe de la Subcomisaría de Luz Bella, puesto que conocía todas las actividades de dicha agrupación y, en contrapartida, fungió de facilitador de paso de varias cargas, a cambio de dinero. Julio César Morinigo se comunicaba con el jefe de la organización criminal, el señor Manuel Martínez y con el señor Juan Ángel Villaverde, con la finalidad de coordinar la cobertura para el paso de dichas cargas de drogas que eran trasladadas por esa zona”, sostuvo el fiscal con relación al jefe policial.
La sentencia fue recurrida por el abogado Roberto Huespe, en representación de Morínigo, quien objetó la medición de la pena, que a su criterio debería ser de solo 4 años de pena privativa de libertad y no 7 como estableció el Tribunal de Sentencia.
El Tribunal en mayoría -con votos de Arnaldo Fleitas y Belén Agüero- consideró que el fallo está debidamente fundado y no amerita su modificación. El camarista disidente, Arnulfo Arias votó por la aplicación de la pena requerida por la Fiscalía, por considerar que el Tribunal no puede establecer una pena superior a la solicitada por el representante del Ministerio Público.