La pericia balística del Ministerio Público sostiene que la pistola del diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes se disparó dos veces en el enfrentamiento que derivó en su muerte. Ante ello, el abogado Óscar Tuma sostuvo que la Fiscalía tiene una línea investigativa “errada” y solo lanza “cazabobos”.
Afirmó que lo que se debe hacer es determinar si los policías tenían o no justificación para realizar los disparos.
“Hace más de un mes, cuando presentamos nuestra pericia, el perito determinó que hubo dos disparos dentro de la habitación del diputado: en la puerta y la pared. Concluía y decía (la pericia) que era muy poco probable que el diputado haya hecho los disparos, porque tenía que haber estado en dos direcciones al mismo tiempo y era mucho más probable que –una vez muerto el diputado– se haya disparado el arma del mismo”, declaró.
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Agregó que incluso si se confirma que el diputado disparó, está demostrado que las balas terminaron en una pared y en una puerta. “¿Los disparos pusieron en riesgo a la gente de la fuerza pública? No. ¿Hubo disparos cuando ingresaron? No. Lo indiscutible es que él no disparó a nadie, no hay un solo herido, no generó peligro de muerte la actitud del diputado, peligro para la integridad física de los intervinientes; por el contrario, todas las pericias dicen que estaba con la mano izquierda levantada, agazapado, en una posición defensiva, no en posición de peligro con los intervinientes”, señaló.
La defensa de familia Gomes apuesta por una hipótesis
En ese contexto, dijo que los familiares estudiaron solamente dos posibles hipótesis: un error de procedimiento o una ejecución por encargo, utilizando las Fuerzas Públicas.
Sobre un posible crimen por encargo, aseguró que ellos “agotaron esa posibilidad”, pues el diputado ni siquiera tenía guardia. “No tenía un enemigo, ni político, ni comercial, ni de ninguna índole que familiares puedan decir: ‘Esta persona pudo haber sido’. Por eso quiero creer que hubo un operativo montado que salió mal y se trata de ocultar para evitar responsabilidades culposas y las responsabilidades políticas”, planteó.
Aseguró que no hay un solo elemento que confirme la implicancia de “Lalo” Gomes con el crimen organizado, por lo cual criticó que la Policía hable de eso como justificación.
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Protección política
Afirmó en otro momento que “existe una protección política de un grupo mayoritario, del oficialismo”. Negó, sin embargo, que se le haya soltado la mano a “Lalo”, pese a que él era también del Partido Colorado y se reunía con frecuencia con el líder del cartismo.
“Acá lo que se está protegiendo son los cargos políticos”, afirmó y dijo que, si se llega a imputar a los policías, los “responsables políticos” serían el ministro del Interior y el fiscal general del Estado.
En otro momento, el abogado sostuvo que los policías implicados directamente en la muerte ya deberían haber sido imputados para luego avanzar en el análisis de los teléfonos, para determinar si cumplieron con una instrucción, recibieron una orden o el allanamiento tenía justificación.
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Sostuvo que no se imputa porque, si se hace eso, todo recaería en los autores morales y responsables políticos. “La defensa lo hace para él (Emiliano Rolón), para evitar su remoción política, esa es la realidad”, sentenció.