El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en sesión ordinaria de este jueves, dio ingreso al estudio de las actuaciones de los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, así como la del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, en el marco del pedido de desestimación de la denuncia por el supuesto perjuicio de G. 1.630.414.082.023 al Instituto de Previsión Social (IPS).
Esto en el marco de la causa caratulada como “Vicente Battaglia y otros s/ lesión de confianza y otros”, por la que los agentes fiscales habían solicitado su desestimación. El martes último, el juez Otazú se opuso a ello, pero en tiempo récord los fiscales se ratificaron en su pedido, en vista que el magistrado no señaló los puntos a tener en cuenta de la denuncia y los ilícitos que se habrían cometido.
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Ante las publicaciones hechas por nuestro diario y otros medios locales, el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, mocionó iniciar una investigación preliminar o un enjuiciamiento teniendo en cuenta el caso y la actuación de los representantes del Ministerio Público.
Ante esta propuesta, estableció el plazo de 20 días, plazo que se cumplirá el 13 de diciembre próximo, para que el Jurado ponga a consideración la viabilidad del inicio de una investigación preliminar de oficio o un enjuiciamiento de oficio. Esto en base a lo establecido en el artículo 18° de la Ley N° 6814/2021.
De la sesión ordinaria participaron en forma presencial, la consejera y presidenta del JEM Alicia Pucheta; el diputado colorado cartista y vicepresidente 1° Orlando Arévalo; el consejero y vicepresidente 2° Enrique Berni; así como el diputado Alejandro Aguilera. A través de medios telemáticos, por su parte estuvieron los ministros de la Corte Suprema de Justicia César Garay y Manuel Ramírez Candia, y los senadores Derlis Maidana y Mario Varela.
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JEM debe esperar 20 días para actuar de oficio
De acuerdo con lo que establece el artículo 18° de la Ley N° 6814/2021, “el litigante o profesional afectado que pretenda iniciar un enjuiciamiento ante el Jurado, deberá presentar su acusación particular personalmente o por simple carta poder a un Abogado de la matrícula o de un Defensor Público que lo haya acompañado durante el juicio de donde deriva la acusación”.
Así también menciona que, “cuando el hecho resulte grave, notorio o, por su naturaleza, afecte el interés público o social, y luego de trascurrido el plazo de 10 días hábiles del mismo, y si el litigante o profesional afectado no haya formulado acusación alguna ante el Jurado”, se abre otra posibilidad.
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En este sentido, el JEM abre otro periodo de 10 días hábiles, completando así el total de 20 días y por ello, este periodo se cumple el próximo 13 de diciembre. Es en el segundo periodo, donde “la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado, podrán asumir el rol de acusador”.
Ahora, si los órganos citados previamente no asumieron el rol de acusador, “dentro de los 10 días hábiles posteriores y por voto coincidente de seis de sus miembros, podrá iniciar de oficio una investigación preliminar previa o inclusive el enjuiciamiento”. Para este efecto, designará por sorteo a un asesor que asumirá como fiscal acusador.
Fiscales no observaron actitud dolosa
Los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez ratificaron su pedido de desestimación de la denuncia por presunto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023al Instituto de Previsión Social (IPS), a través de hechos de corrupción. El juez Humberto Otazú devolvió la petición alegando que sí hay sospechas de ilícitos.
“En consecuencia, al no existir elementos que induzcan a la causación dolosa de un perjuicio patrimonial esta fiscalía se encuentra en la imposibilidad de avanzar en el análisis de los demás elementos típicos de un hecho punible contra el patrimonio, es decir, mal podría sostenerse una hipótesis un supuesto detrimento de las arcas del Instituto de Previsión Social”, señala el informe de la causa realizado por los agentes del Ministerio Público.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 314° del Código Procesal Penal, ahora el juez Otazú podrá hacer lugar al pedido de los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción; o remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o modifique la solicitud de los fiscales inferiores.