El pedido realizado por siete concejales está vinculado a las denuncias existentes contra el ejecutivo municipal por supuesto acoso sexual, coacción grave y violación, formuladas por exfuncionarias municipales durante su gestión.
En la misiva los concejales locales expresaron su preocupación por la imputación y otras dos denuncias más que involucran al intendente, señalando que las acusaciones son lo suficientemente serias como para que se aparte del cargo mientras dure el proceso judicial. Además, dejaron en claro que se reservan el derecho de exigir una intervención en su administración municipal.
La nota fue firmada por los miembros de la Junta Municipal, el presidente del órgano legislativo Derlis Maidana (ANR), y los concejales colorados Alberto Giménez, Ofelia Pereira, Julián Giménez y Nelly Flecha (Hagamos), Claudia Notario (Partido de la Juventud) y Elisa Rolón (PLRA). No acompañaron la nota los ediles Carolina Caballero (ALIANZA) y Alberto Lugo (PLRA).
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La situación ha generado tensiones dentro del cuerpo legislativo local, que ha comenzado a ejercer presión sobre el intendente, quien enfrenta tres denuncias por los mismos hechos de supuesto acoso sexual, coacción grave y violación, y en uno de ellos está imputado.
Los concejales quieren recuperar la confianza del pueblo
En su nota, los concejales también recordaron al intendente su responsabilidad frente a la ley, citando el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad de los funcionarios públicos ante “transgresiones, delitos o faltas cometidos en el desempeño de sus funciones”. Este artículo establece que los funcionarios públicos son responsables de sus actos y deben rendir cuentas tanto ante la justicia como ante la comunidad.
Asimismo, señala que la Ley Orgánica Municipal N°3966/2010, en su artículo 48, refiere que el intendente debe regir su conducta de acuerdo a los principios de integridad y responsabilidad velando por el bienestar de la comunidad.
Sin embargo, ha convertido la institución municipal en burlas de propios y extraños. Ante dicha situación piden al intendente se aparte del cargo, como concejales se reservan el derecho de solicitar la intervención de su administración municipal y con ello recuperar la confianza del pueblo.
Sus opositores, quienes están al tanto de las denuncias, han aprovechado la coyuntura para intensificar la presión sobre el jefe comunal, llegando incluso a rechazar la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2025. Los concejales justificaron su negativa argumentando “inconsistencias” en la presentación del documento.
Intendente asegura que no se apartará del cargo
Respecto a la decisión asumida por la Junta Municipal, el intendente Lezcano Almirón señaló que en todo proceso judicial existe la presunción de inocencia, principio que está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional, el cual garantiza que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia judicial firme.
En el presente caso, aún no existe ningún fallo que determine mi supuesta culpabilidad en relación con las denuncias presentadas por las exfuncionarias municipales. Como intendente municipal, indicó que tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad y el adecuado funcionamiento de la administración municipal. “Mi apartamiento sin una causa probada afectaría la estabilidad institucional y perjudicaría los intereses de la comunidad, que me eligió para cumplir con un mandato al servicio de Acahay”, indicó.
Señaló que el cargo que ocupa es de alta responsabilidad y suspender su ejercicio sin prueba concluyente de culpa afectaría la ejecución de los proyectos y programas municipales en marcha, en detrimento del bienestar de los ciudadanos. Además, destacó que las denuncias mencionadas en la nota son objeto de investigación, pero no constituyen evidencia concluyente de culpabilidad.
Recordó que hasta que las autoridades competentes se pronuncien de manera definitiva, no corresponde asumir responsabilidad por delitos que asegura no cometió. Así como los concejales citan el artículo 106 de la Constitución Nacional, “debo recordar que dicho artículo también protege el debido proceso y la defensa en juicio, derechos fundamentales de toda persona en una democracia”.
Resaltó que está a disposición de la justicia para colaborar con las investigaciones y brindar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ello no implica que deba apartarse del cargo mientras se desarrolla el proceso. “Mi permanencia en el cargo no interfiere ni obstaculiza las investigaciones, y estoy plenamente dispuesto a cooperar con las autoridades judiciales en todo lo que se requiera”, indicó.
Finalmente, expresó es “responsabilidad de las autoridades judiciales resolver la causa sin presiones externas o influencias políticas, por lo que considera inapropiado y precipitado solicitar el apartamiento del cargo de intendente en esta etapa del proceso judicial. Está demostrado que detrás de todas las denuncias existe un interés político para desprestigiarme como persona y así quedarse con la intendencia”.