Tras la decisión adoptada ayer por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, el equipo fiscal que investigó la denuncia por el presunto desfalco multimillonario en el Instituto de Previsión Social (IPS) tenía un plazo de diez días para resolver si se ratificaba en su pedido o resolvía continuar con la investigación.
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Sin embargo, los fiscales Arce, Coronel y Piñánez ratificaron ayer mismo su solicitud para que la denuncia presentada en contra del expresidente de la previsional Vicente Battaglia quede en el “oparei”.
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“En consecuencia, al no existir elementos que induzcan a la causación dolosa de un perjuicio patrimonial esta fiscalía se encuentra en la imposibilidad de avanzar en el análisis de los demás elementos típicos de un hecho punible contra el patrimonio, es decir, mal podría sostenerse una hipótesis un supuesto detrimento de las arcas del Instituto de Previsión Social”, señala el informe de la causa realizado por los citados agentes del Ministerio Público.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal, ahora el juez Otazú podrá hacer lugar al pedido de los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción; o remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o modifique la solicitud de los fiscales inferiores.