El abogado Eduardo Cazenave manifestó que desde hace mucho tiempo vienen reclamando a la Municipalidad de San Bernardino, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y a la Fiscalía sobre la situación, pero, lastimosamente, ninguna de las instituciones intervino para parar las obras que se realizan en la ribera del Lago Ypacaraí, atropellando las leyes ambientales.
El caso constituye un hecho punible, conforme a las disposiciones de la Ley 716 “del Medio Ambiente” así como la Ley 3239/2007 que protege “los Recursos Hídricos del Paraguay”, indicó el abogado Cazenave.
“Existen en la actualidad denuncias, tanto en la Municipalidad local como en el Ministerio Público de Caacupé, que siguen sin actuar ante la terrible violación de las disposiciones citadas”, puntualizó el abogado Cazenave.
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Explicó que hay varios factores que no se respetaron, porque no hay un permiso de la Municipalidad y tampoco existe para la utilización de un predio que está en medio de la playa. Mencionó que el inmueble donde se realizan las obras pertenece a Claudia Carolina Díaz de Bedoya Castillo; Gabriela Tamara Díaz de Bedoya Castillo, Patricia Francisca Díaz de Bedoya Castillo y Oscar Daniel Díaz de Bedoya Castillo.
Hace un año se hizo la denuncia
Cazenave dijo que hace un año los habitantes de la compañía Ciervo Cuá y el barrio Centro de San Bernardino denunciaron que las obras se iniciaron sin contar con el estudio de impacto ambiental.
Lamentaron que en el sitio se haya procedido a semejante atropello a un recurso natural emblemático del país, que desde hace años es castigado de diversas formas, justamente por no tener el cuidado que se debe.
Los elementos utilizados en la construcción no son aptos para el lugar y podrían causar un daño irreversible, indicó el abogado.
Asimismo enfatizó que en su momento, la Municipalidad, administrada por Emigdio Ruiz Díaz (colorado cartista), dispuso la destrucción de obras similares en San Bernardino. Sin embargo, en este caso se nota una total inacción.
Rocío Mendoza encargada de la Dirección de fiscalización del (MADES) indicó que hace un mes aproximadamente se constituyeron en la zona denunciada.
Y los habitantes del sitio no presentaron los documentos para saber si tienen los permisos que corresponden para hacer una construcción en ese espacio.
Mencionó que ante esta situación procedieron a la revisión del lugar, recabaron datos como fotografías y filmaciones para pasarlo a Asesoría jurídica donde definirán si se está construyendo en un lugar protegido y si habrá o no infracción.
“El área protegida en algunos casos sí tiene zonas restringidas, pero también hay algunos sectores que se pueden utilizar con ciertas medidas que se deben respetar. Si se usan estos sitios hay que tener en cuenta que no tiene que tener un impacto dañino al medio ambiente”, enfatizó Mendoza.
Intentamos hablar sobre la denuncia con el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), pero no respondió nuestras llamadas telefónicas ni los mensajes. Llamamos a José Domingo Almada, abogado de la familia Bedoya y no contestó las llamadas.
También llamamos a la gestora del Mades, Mirian Romero, a su número que termina en 206 y no nos atendió las llamadas. Estamos abiertos si desean referirse al caso.
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