En el juicio oral y público por el caso de granja vip de San Pedro, la agente fiscal de la Unidad Especializada en Antisecuestro y Antiterrorismo presentó sus alegatos finales, ocasión en que solicitó 6 años de cárcel para el exdirector del penal de San Pedro Wilfrido Quintana Parodi; 4 años de cárcel para el juez de ejecución penal Néstor Ramón Arévalo Zorrilla y de 3 años de pena privativa de libertad para el exdirector de la penitenciaría de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario.
La acusación contra Quintana Parodi se presentó por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios, liberación de presos y cohecho pasivo agravado y contra Orella por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
A su vez, el exmagistrado está acusado por los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado.
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Narcos construyeron granja vip mau al lado del penal, afirma fiscala
Alvarez afirma que la granja vip “mau” denominada “El Porvenir” -ubicada detrás de la cárcel sampedrana y fuera del perímetro de seguridad- fue construida por los narcos. Además, se comprobó que la penitenciaría de San Pedro no contaba con un proyecto aprobado de un lugar a utilizarse como granja.
La fiscala pide el comiso de la propiedad, así como los muebles y electrodomésticos que en ella se encontraron, como muebles, televisores, heladeras, lavarropas, etc.
“En los reportes de extracción de datos del teléfono se pudo visualizar que fueron estas personas condenadas por narcotráfico fueron las que construyeron ese lugar, les pasaban los reportes del avance de esta construcción. Les llevaban ahí y además, les comunicaban de sus movimientos por el territonio nacional, tanto a las autoridades penitenciarias como a sus familiares., la pericia fue determinante”, explicó Álvarez.
Auditoría de la CSJ complica situación de exmagistrado
La agente fiscal comentó que otra prueba contundente ofrecida en juicio es el resultado de la auditoría de gestión jurisdiccional realizada por la Corte Suprema de Justicia, que pone de resalto la actuación irregular del exmagistrado Arévalo.
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“La auditoría de la Corte Suprema de Justicia concluye que juez de ejecución no tuvo en cuenta ninguno de los artículos y Víctor Brítez Aranda así como resolvió el juez el cambio del pabellón a la granja inexistente, no cumplía ni tan siquiera los requisitos mínimos a este cambio de pabellón porque tenía una condena de 26 años y llevaba recién 5 años privado de libertad”, indicó Álvarez, tras comentar que el condenado podría eventualmente acceder a dicho beneficio en el año 2028.
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Llamativamente, en ocasión de la audiencia preliminar, el juez penal de garantías de San Pedro Nelson Rotela excluyó dos pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, una de ellas relacionada a la pesquisa sobre la muerte de Tranquilino Giménez y la otra, consistente en extracción de datos de memorias externas, según indicaron desde la Fiscalía.
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Las últimas son de conversaciones, registradas entre el 12 y 13 de junio de 2019, entre Tranquilino y el abogado Héctor Montenegro. El primero le dijo visitó el “Señor Juez” y le pidió un adelanto consistente en US$ 3.000, de los cuales US$ 1.000 fueron entregados al juez Zorrilla como colaboración para su club (Deportivo Santaní) y otros US$ 2.000 como parte de lo pactado para su traslado a la Granja de San Pedro.
Pese a esta situación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solo sancionó a Arévalo con una leve sanción y el mismo permaneció en funciones hasta diciembre pasado, cuando se retiró para jubilarse.
Masacre en la cárcel San Pedro reveló situación irregular
Recordemos que la esta situación irregular de la granja vip se descubrió tras la masacre registrada el 16 de junio de 2019 dentro de la cárcel de San Pedro, que dejó un saldo de 10 víctimas fatales, varias de ellas decapitadas y quemadas Por este caso, 24 convictos del Primer Comando da Capital (PCC) fueron condenados a penas de 5 a 40 años de cárcel, ya con los años de medida de seguridad.
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Este juicio oral y público, a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás prosigue el 1 de noviembre a las 07:00, con la presentación de los alegatos finales de la defensa..
La acusación revela que Arévalo ordenó el traslado a la citada granja vip del narcotraficante Víctor Brítez Aranda, alias Chapaló, quien desde 2014 cumple una condena de 26 años y actualmente, cuenta con otra pena de tres años.
A su vez, Orella gestionó el envío al mismo lugar del también narcotraficante Ángel Tranquilino Giménez, quien desde 2011 cumplía una pena de 21 años.
“Chapaló” y Tranquilino vivían en la granja en total libertad, usaban como secretarios a otros dos presos, tenían vehículos, salían de vacaciones solos o con sus familias e incluso los fines de semana visitaban los principales locales nocturnos del segundo departamento.
Todos los privilegios fueron descubiertos el 17 de junio de 2019, al día siguiente de la masacre del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan Rotela que ocurrió en la población penal común. En agosto de ese año, Giménez fue asesinado en la cárcel de Ciudad del Este.