La Sentencia Definitiva N° 141 del 24 de abril de 2024 que condenó a 4 años de cárcel a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Delia Patricia Samudio Torras, y a 3 años y 9 meses a su esposo, José Costa Perdomo, por el caso “agua tónica”, fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal 2ª Sala de la Capital.
Los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro analizaron el recurso interpuesto por los abogados Christian Bazán y Agustín Olazar, en representación del matrimonio condenado; y resolvieron confirmar el fallo dictado en primera instancia por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Alba González.
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En el juicio oral quedó probado que Petropar simuló el proceso de licitación, a modo de que José Costa Perdomo pague una deuda que había contraído con la firma Racole SA, utilizando la estructura de la empresa Solumedic SA, que había sido adjudicada para la supuesta provisión de insumos médicos y agua tónica.
“Todo esto fue fraguado de forma anticipada y al solo efecto de perjudicar a la empresa estatal. Solumedic fue la única empresa invitada a la licitación y luego fue adjudicada”, puntualizó la presidenta del colegiado de sentencia Gloria Hermosa. Añadió que “Solumedic actuó solo de pasamano en este proceso, ya que el dinero público fue a parar a la firma Racole”.
Caso agua tónica no causó perjuicio, según defensa
En la apelación planteada, la defensa argumentó que el Colegiado de Sentencia aplicó erróneamente las condenas contra la exfuncionaria y su cónyuge, ya que el hecho de lesión de confianza no fue consumado porque no hubo daño patrimonial a Petropar, en atención a que el monto desviado (G. 359.700.000) fue devuelto íntegramente por la empresa Solumedic SA.
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Agregó que en el juicio oral y público sustanciado en la presente causa “no se ha producido ninguna prueba útil que demuestre la existencia de daño patrimonial alguno causado en perjuicio de Petropar, siendo esta lógica circunstancia, otra prueba más, de que el supuesto delito de lesión de confianza no fue consumado”.
Sin embargo, para el tribunal de alzada el hecho de que la firma Solumedic SA haya depositado a Petropar la suma de G. 338.811.240 “lo único que acredita es la confirmación de que a días de haberse publicitado el escándalo conocido como “agua tónica de oro”, se procedió a tratar de enmendar un delito, que ya fuera perpetrado, pues se ha comprobado fehacientemente que se produjo el desembolso de la suma de dinero de G. 359.700.000 de las arcas del Estado”.
Los camaristas concluyeron también que la reprochabilidad de la acusada Patricia Samudio, la antijuridicidad del hecho y su vinculación con el coacusado José Costa Perdomo para lograr el perjuicio patrimonial de una empresa estatal en beneficio propio, sustentada en la Sentencia, “resulta ajustada a derecho y su aplicación es legal”, según resalta parte del Acuerdo y Sentencia N° 64 del 23 de octubre de 2024.
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Perjuicio a Petropar, al inicio de la pandemia
Los fiscales de Delitos Económicos Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera probaron en el juicio que al inicio de la pandemia por covid-19, en marzo del año 2020, Petropar llamó a licitación para la compra de insumos médicos, a fin de combatir el coronavirus.
La empresa Solumedic SA fue la adjudicada para proveer a la petrolera estatal los productos, como trajes de protección, tapabocas, agua tónica y otros insumos.
Petropar pagó a la firma Solumedic la suma de G. 359.700.000; sin embargo, los insumos médicos y otros productos nunca ingresaron a la institución estatal. Lo único que la petrolera recibió fue un lote de mamelucos de protección, por un total de G. 13.600.000, según resaltó la presidenta del tribunal.
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“Todo esto fue fraguado de forma anticipada para perjudicar el patrimonio de Petropar, ya que Solumedic fue la única empresa invitada a la licitación y terminó siendo la adjudicada. Pero esta firma actuó de pasamanos en este proceso, teniendo en cuenta que el dinero fue a parar a la empresa Racole en concepto de pago de una deuda particular de Costa Perdomo”, resaltó la jueza Gloria Hermosa.
Al finalizar el juicio, el Tribunal de Sentencia resolvió que los condenados sigan sin ir a prisión, pero la fianza subió de G. 50 millones a G. 800 millones para garantizar el sometimiento al proceso.