Un nuevo informe de la Unesco revela un preocupante aumento en el uso de leyes financieras para intimidar, presionar y silenciar a periodistas y medios de comunicación en diversas partes del mundo. El documento, titulado “El uso indebido de la legislación financiera para presionar, silenciar e intimidar a periodistas y medios de comunicación”, destaca un crecimiento significativo en la aplicación de cargos por delitos económicos, como evasión fiscal y blanqueo de capitales, dirigidos principalmente contra periodistas que investigan casos de corrupción y criminalidad.
De acuerdo los datos del organismo internacional, más del 60% de los casos analizados ocurrieron entre 2019 y 2023, alcanzando un pico de 25 casos en 2022. Las regiones más afectadas incluyen Asia, Europa del Este y América Latina, donde los periodistas no solo enfrentan cargos de extorsión y malversación de fondos, sino que también son víctimas de campañas de difamación, que dañan su reputación y minan la confianza del público.
El impacto doble de estas tácticas
El informe subraya que estas prácticas tienen un doble impacto: además de forzar el cierre de medios independientes por los altos costos legales que conllevan, también generan un clima de autocensura entre los periodistas, quienes temen represalias por su labor investigativa.
“Este tipo de persecución es particularmente común en momentos de protestas o campañas electorales, cuando las autoridades buscan evitar la difusión de críticas”, se menciona en el documento.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes advierten que estas tácticas constituyen un ataque directo a la libertad de prensa. El informe concluye con un llamado a los gobiernos para que garanticen que los periodistas tengan acceso a la justicia y que se implementen mecanismos de protección adecuados contra este tipo de acoso.
Método eficaz para silenciar voces críticas
El uso de acusaciones de delitos económicos para silenciar a periodistas y medios independientes se ha extendido a todas las regiones. Estas acusaciones no requieren un vínculo directo con la información que producen los periodistas y no están sujetas al mismo escrutinio internacional que otras leyes explícitamente dirigidas contra los medios. Además, tienen consecuencias graves, como daños irreparables a la reputación de los periodistas y la viabilidad económica de sus medios debido a los elevados costos judiciales y multas.
El informe destaca que, por su efectividad, estas acusaciones se han convertido en una herramienta estratégica para quienes buscan silenciar a los medios críticos. Por lo general, se presentan junto a otros cargos, lo que refleja una instrumentalización de la justicia diseñada para frenar la labor de los periodistas. Este tipo de acusaciones requiere la intervención de abogados especializados, lo que aumenta los costos y prolonga los procesos judiciales, creando así una presión adicional para que los medios reduzcan su actividad.
Existe mayor riesgo para quienes investigan la corrupción
El informe también señala que los periodistas que informan sobre corrupción son los más expuestos a este tipo de persecuciones. En muchos casos, existe un vínculo claro entre las acusaciones y las investigaciones que los periodistas realizan sobre figuras o funcionarios implicados en actos delictivos. En estos casos, las herramientas anticorrupción, como las desarrolladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se han utilizado indebidamente para atacar a periodistas, socavando la credibilidad de los mecanismos de lucha contra la corrupción.
Recomendaciones internacionales
El informe insta a los gobiernos a seguir las recomendaciones del GAFI y otros organismos internacionales para que las leyes anticorrupción y fiscales no sean utilizadas de manera arbitraria para reprimir a los medios de comunicación. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional para que adopte medidas que fortalezcan la protección de los periodistas y condenen el uso indebido de la legislación financiera para silenciar voces críticas.
Este informe forma parte de la serie Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de la UNESCO, que analiza las tendencias globales y regionales en la represión a la libertad de prensa mediante acusaciones de delitos económicos, y ofrece recomendaciones políticas sobre cómo enfrentar esta problemática. Los autores del informe son Edward Pittman, especialista en libertad de medios, y Elisa Juega, consultora en libertad de prensa y periodismo.