La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, a través de su Sentencia Definitiva (SD) N° 22, condenó a 5 años de privación de libertad a Patricia Noemí Rodríguez Ojeda (42), pareja del acusado Alberto Koube Ayala. Esto, en el marco del operativo A Ultranza. Esta mujer compurgará su pena el 19 de octubre de 2027, según el cálculo hecho por la magistrada.
Durante la audiencia preliminar sustanciada este jueves, el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Deny Yoon Pak, sostuvo su acusación por los hechos punibles de lavado de activos provenientes del narcotráfico, según la Ley N° 1.340/88 de Drogas y lavado de dinero según el Código Penal.
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Sin embargo, en la resolución se declaró probada la participación en el hecho punible de lavado de dinero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 196° del Código Penal, con relación a quien “ocultara un objeto proveniente de un crimen” (como el narcotráfico) y cuando el encausado “obtuviera un objeto, lo proporcionara a un tercero; o lo guardara o lo utilizara para sí o para otro, habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención”.
Por otra parte, la jueza levantó las medidas cautelares de inhibición general de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o cualquier otro producto financiero depositados en bancos, financieras, casa de créditos y cooperativas registradas a nombre de la hoy condenada, dictadas por el AI N° 305 del 21 de octubre de 2022.
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Así también ordenó el comiso de la suma de US$ 1.600, depositados en la caja de ahorro del Banco Nacional de Fomento bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); la suma de US$ 100 hallada en el allanamiento a la casa de Rodríguez; el monto de G. 52.993.610 bloqueado en la cuenta de ahorro de la firma “La Hortensia SA”.
También dispuso el comiso de la suma de G. 615.111.325, bloqueada en la cuenta corriente bancaria registrada a nombre de José Ramiro Ugarriza Benza; así como el saldo de US$ 13.670,70 en otra entidad bancaria habilitada a nombre de Ugarriza Benza, al igual que una camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula WHAJ 869, también registrada a nombre de este. Y por último, el lote de joyas halladas en el allanamiento a la casa de Patricia Rodríguez.
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Esposa de procesado participó en lavado, según MP
El fiscal Deny Yoon Pak señala en su Acusación N° 5, que Patricia Rodríguez tuvo participación en la comisión del lavado de activos, que tiene como precedente el tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, llevado a cabo entre 2020 y 2021 por una organización criminal iniciada en Paraguay, supuestamente liderada por el prófugo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La mencionada organización narcotraficante logró obtener, durante el tiempo de actividad, la suma aproximada de US$ 433.500.000. Para el manejo y administración de las ganancias, la estructura tenía en sus filas a personas dedicadas a la reinserición del capital obtenido al sistema legal financiero. Entre estas se encontraba Alberto Koube Ayala.
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En ese sentido Alberto Koube llegó a convertirse en el hombre de confianza del uruguayo prófugo Sebastián Marset. Es así que, con capital que le habría brindado el último, Koube integró la firma “Grupo Tapyracuai SA” y también, “ARE Inversiones SA”, para que estas sirvan al fin de asegurar el disfrute de los beneficios ilícitos de la megaorganización.
En este orden de cosas es donde se vincula a Patricia Rodríguez al esquema, pues en julio de 2020 junto con su esposo Alberto Koube, adquirieron la empresa “ARE Inversiones SA” y, por Asamblea Ordinaria N° 2/2020 del 24 de julio de ese año, ella fue asignada como directora titular, al tener 2 acciones por valor de G. 100.000.000 y como presidente, Alberto Koube, con 78 acciones por valor de G. 3.900.000.000.
Para el Ministerio Público, la compra de esta firma se llevó a cabo con las ganancias obtenidas por Sebastián Marset, en 2020 a través del envío de varios cargamentos de cocaína mediante la empresa Maxigrains y Artis, ambas del acusado Fernando Sebriano.
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Pareja movió dinero entre empresas que serían del grupo criminal
La Fiscalía también señala que Patricia Rodríguez obtuvo beneficios como joyas y dinero que recibió a través de transferencias bancarias, específicamente, en las cuentas habilitadas a nombre de las empresas “La Hortensia SA” y “Grupo Tapyracuai SA”. De hecho, Rodríguez fue titular y presidenta de la primera, poseyendo ella 900 acciones frente a las 100 que tenía Koube.
El fiscal acusó que ambas firmas fueron utilizadas para justificar la circulación del dinero narco en el sistema financiero legal, entre el 2019 y 2020. También enfatiza que entre ambas sociedades incluso se registraron transferencias, por G. 941.025.650 y US$ 168.336,24.
Ya cuando inició el megaoperativo internacional A Ultranza Py, el 22 de febrero de 2022, Patricia Rodríguez sacó mercaderías del depósito ubicado en San Estanislao (San Pedro), del “Grupo Tapyracuai SA”, para llevarlas a otro sitio del mismo distrito, el cual fue construido en junio de 2020, coincidente con el periodo de mayor actividad del grupo narcotraficante.
Para el órgano acusador, el hecho de mover las mercaderías de un lugar a otro tras ejecutarse el operativo es de gran relevancia, pues el alquiler por los depósitos fue pagado por Patricia Rodríguez a través de transferencia bancaria desde la cuenta habilitada a nombre de la firma “La Hortensia SA”.
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Acusada fue defensora de un Marset
El 19 de octubre del 2022 el Ministerio Público y la Senad allanaron la vivienda de Patricia Rodríguez, en la que fue detenida. También se hallaron seis cheques a nombre de José Ramiro Ugarriza Díaz Benza, así como un sobre de manila con US$ 1.100 y otros US$ 600, en una billetera de la acusada, quien utilizaba cuentas de Ugarriza para realizar depósitos de dinero.
En ese contexto, la acusada utilizó dichas cuentas para sus fines personales, en la forma en que se encuentra descripta en la acusación, y también se valió de la identidad de José Ugarriza, para alquilar el dúplex de su preferencia, en la que la acusada fue detenida, la fiscalía acusa que estos cheques provienen de la venta de mercaderías que se encontraban depositadas en el inmueble antes mencionado, que fue construido con la plata ilícita de Sebastián Marset y que fue removido por la acusada.
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En cuanto a José Ugarriza, la Fiscalía sostiene que este puso su identidad, sus bienes, su cuenta a nombre de Patricia Rodríguez, conforme lo descripto en la acusación. En ese sentido, enfatiza el acusador que Patricia Rodríguez utilizó la identidad de Ugarriza, y en consecuencia consideró que los objetos cuyo comiso se ordenó no son de él, sino de Rodríguez, que habría obrado de esta forma para asegurar el disfrute de los bienes.
También el marco de la investigación, el fiscal contó con el dato de Patricia Rodríguez, en su carácter de abogada, mantuvo vínculos con la familia de Sebastián Marset, específicamente su hermano e imputado en rebeldía Diego Nicolás Marset, quien el 8 de mayo de 2020, en la causa identificada N° 4417/2020, abierta en la Unidad Penal N° 6 de Luque, la acusada ejerció su defensa técnica.