Un estudiante de 17 años del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada (EMD) Don Rigoberto Caballero del distrito de San Ignacio, Misiones, presuntamente fue agredido por un personal de aseo y mantenimiento de la institución. Según la denuncia, el hecho se registró el 27 de septiembre.
La abogada Fátima Ruiz Díaz, quien representa a la familia del adolescente, pidió justicia y que las autoridades judiciales y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tomen una acción rápida, ya que las heridas sufridas por el estudiante fueron graves y pudieron haber tenido consecuencias mayores.
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“El pasado 27 de septiembre, el adolescente sufrió una agresión física con un balancín, ocasionada por un funcionario de la institución educativa quien le propinó dos golpes, uno de ellos en la cabeza, causando un corte en el cuero cabelludo”, indicó la abogada.
”Ocurrió a consecuencia de que el adolescente le hizo una broma a esta persona, quien estaba realizando mantenimiento en el sector de los sanitarios, y aparentemente este señor se sintió sumamente ofendido, tomó el balancín y le propinó dos golpes. Mientras ocurría esto, los compañeros del joven lo defendieron del agresor”, expresó Ruiz Díaz.
En el momento, el estudiante fue auxiliado inmediatamente por los profesores y las autoridades del colegio, quienes lo llevaron a un centro asistencial, donde recibió los primeros auxilios, dijo.
”Gracias a Dios, no pasó a mayores la situación, pero lo que pedimos es que se haga justicia, ya que al terminar su reposo, el adolescente volvió a su colegio y encontró que el agresor seguía cumpliendo funciones en el predio de la institución, aunque en otra dependencia, la supervisión pedagógica, ubicada en el mismo lugar”, manifestó.
”No puede ser que el agresor de este adolescente siga trabajando en el mismo lugar donde está estudiando. Eso no tiene lógica. En este caso, nosotros habíamos solicitado se desvinculara a este señor de ese lugar, pero sigue acudiendo, aunque ahora en la supervisión, y eso no puede ser”, añadió.
”Según el protocolo de educación, el agresor tiene que cumplir funciones en otra institución, pero esa otra institución está a 20 metros de donde está estudiando el agredido, lo cual es ilógico. Y otro punto: no puede ser que el fiscal del caso aún no haya imputado a esta persona ni lo haya llamado a declarar”, concluyó la defensora.
Fue apartado de sus funciones
La supervisora pedagógica del Área 08/10 San Ignacio, Sady Yolanda Báez Cano, manifestó que, en este caso, la institución ya está tomando cartas en el asunto.
”Desde el momento en que ocurrió el suceso, los directivos de la institución educativa activaron de inmediato el protocolo correspondiente. Uno de ellos fue asistir al estudiante agredido, llevándolo a una institución sanitaria cercana, lo cual fue lo que hicieron en este caso”, dijo.
Otro punto es que, cuando se activa este tipo de protocolo ante la agresión de un estudiante por parte de algún funcionario de la institución educativa, se lo aparta de sus funciones al agresor y se lo deriva a la supervisión educativa, y eso fue lo que se hizo en este caso, añadió.
”Todo lo que ocurre en una institución educativa pasa a manos de la supervisión. En este caso, el supuesto agresor no cumple funciones en la supervisión, sino que fue derivado a esta dependencia para cumplir con su horario laboral, mientras dure el proceso de investigación”, explicó Báez.
Mientras dure la investigación, el personal no puede quedarse en su casa y mucho menos podemos derivarlo a otra institución educativa, ya que no puede tener contacto con otros estudiantes. En ese sentido, puedo garantizar que esta persona no tiene, ni tendrá, contacto con los estudiantes de esta institución, y mucho menos con el adolescente agredido”, señaló la supervisora.
La investigación está en curso
El fiscal del caso, Diego Duarte, explicó que están realizando el proceso de investigación de la agresión a un adolescente de 17 años, estudiante de una institución educativa.
“Estamos realizando la pesquisa sobre este hecho. Ya tomamos algunas declaraciones y hemos solicitado informes médicos del centro asistencial donde fue auxiliado este menor”, manifestó.
“Una vez recolectados todos estos datos y declaraciones, hemos convocado a una declaración indagatoria para mañana al supuesto agresor de este chico. Una vez cumplida esta diligencia, esta representación fiscal tomará alguna determinación, posiblemente sobre una imputación”, señaló Duarte.
Si se encuentra culpable al supuesto autor, este enfrenta una expectativa de sanción que va de 6 meses a 5 años de privación de libertad.