Este lunes, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realizaron una manifestación en protesta por diversas irregularidades que, según afirman, ocurren en la institución. Los principales reclamos se dirigieron a la decana Myriam Peña, a quien acusan de mala gestión, falta de transparencia y priorizar intereses personales sobre el bienestar estudiantil.
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Críticas a la gestión
Bruno Ramírez, uno de los manifestantes, señaló que la decana asegura que se está avanzando hacia la acreditación de la carrera, pero los estudiantes ven una realidad diferente. “Aparentamos cumplir con los criterios mínimos, pero esa apariencia se cae al primer análisis serio. La facultad está atrapada en la inacción y negligencia de quienes deberían liderar”, expresó.
Ramírez también destacó que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) identificó graves deficiencias en la gestión de la facultad, y denunció que la administración prioriza la compra de vehículos costosos mientras deja vacantes o mal gestionados cargos claves.
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Desorganización académica
Serena Ibarrola, alumna de último año, manifestó que su promoción es víctima de la desorganización de la facultad desde 2019. A pesar de que el nuevo plan de estudios contempla pasantías y un trabajo final de grado, recién este año se implementaron reglamentos pertinentes, y “a medias”.
Los estudiantes habían solicitado ser exonerados de estos requisitos debido a la falta de organización, pero fueron obligados a cumplirlos bajo el argumento de que eran necesarios para la acreditación.
Condiciones precarias en las sedes
Otros estudiantes, como Enzo Yódice y Diego Ramírez, denunciaron las condiciones precarias de la sede central y filiales del interior. Según ellos, faltan insumos básicos como papel higiénico, y las aulas no cuentan con suficiente espacio ni aire acondicionado.
En las filiales, los estudiantes deben aportar dinero de su bolsillo para cubrir necesidades. A pesar de estas carencias, la decana aprobó la compra de una camioneta de 323 millones de guaraníes, lo que ha sido visto como una burla por parte del estudiantado.
La manifestación concluyó con un llamado a las autoridades a atender las demandas de los estudiantes y a realizar cambios urgentes en la gestión de la facultad para garantizar una educación de calidad.