El ministro de la DNIT, Óscar Orué, bajo patrocinio del asesor jurídico de la institución, abogado Fabio Andrés López Ortiz, formuló acusación contra el fiscal Alcides Corvalán Ocampos y la fiscala Adjunta Patricia Rivarola, por supuesto mal desempeño en sus funciones ante una denuncia contra Juan Villalba, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El acusador pide el enjuiciamiento y la remoción de ambos.
Orué señaló que la DNIT, ex Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dependiente del ex Ministerio de Hacienda, fue víctima de coacción, usurpación de funciones públicas y resistencia, el 5 de enero de 2023 por parte de Juan Villalba, quien entonces se desempeñaba como director del Mercado Municipal N° 4.
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En ese sentido señala el escrito de 18 páginas presentado ante el JEM, de que la hoy DNIT “se constituye en la principal víctima de los hechos punibles perpetrados por el denunciado, atendiendo a las facultades constitucionales y legales de la misma fueron conculcadas, en detrimento directo del cumplimiento de los fines estatales, viéndose agraviada la propia facultad constitucional recaudatoria del Poder Ejecutivo”.
Se añade en la acusación que “los hechos atribuidos al agente fiscal Alcides Corvalán Ocampos y a la agente fiscal Adjunta Patricia Rivarola, datan de los meses de febrero, julio y agosto del presente año, de modo que se encuentran bajo competencia del Jurado, establecido dentro del plazo para formular acusación”.
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Fiscales “incumplieron rol constitucional” al archivar denuncia contra Juan Villalba, según Orué
De acuerdo con lo manifestado en la acusación de la DNIT, la conducta grave del entonces funcionario público hizo que el entonces Viceministro de la SET, Oscar Orué formulara una denuncia ante el Ministerio Público, por la comisión de los hechos punibles de coacción, usurpación de funciones públicas y resistencia contra él y sus funcionarios.
La causa fue asignada al fiscal Alcides Corvalán, quien luego de una “somera y deficiente” investigación, concluyó que los elementos presentados no daban cuenta de la existencia de los hechos denunciados, requiriendo consecuentemente la desestimación de la misma, dejando de lado el cúmulo probatorio y descociendo las normas procesales vigentes.
El juez penal de garantías de turno, impuso trámite de oposición y la causa fue remitida a la Fiscalia General del Estado. El pedido de desestimación entonces fue ratificado por la Fiscal Adjunta Patricia Rivarola.
Agregó en su escrito el ministro Orué que la fiscala Adjunta Patricia Rivarola redujo “la cuestión a un mero ‘comportamiento inapropiado’ por parte del denunciado y a un ‘altercado y mal entendido’”.
Por todos estos hechos, la DNIT se agravia con tal decisión, en razón a que el Ministerio Público no cumplió su rol constitucional ni legal, al dejar impune tres hechos punibles, con el agravante que el autor al momento de su comisión, revestía la calidad de funcionario público.
La conducta de los fiscales intervinientes configura causal de mal desempeño en sus funciones de acuerdo a lo prescripto en los artículos 12 y 14 incisos b y g de la Ley N° 6.814/2021 que regula el procedimiento de enjuiciamiento y remoción de magistrados y fiscales. Correspondiendo en consecuencia la remoción de los mismos.