“Paraguay no es un país con grado de inversión, las autoridades mienten, y ya hemos acudido al representante diplomático de Austria para que esta situación sea conocida a nivel mundial y se defiendan nuestros derechos”, expresa Richard Plangger en una carta abierta.
El productor denunció que es víctima de una invasión de un inmueble con título societario adquirido en 2008. “Vemos que los representantes de la sociedad y la fiscalía hacen poco o nada en defensa de los derechos de quienes hemos decidido invertir en Paraguay”, afirmó. Además de la industrialización de la leche (producen queso), hemos cultivado estas tierras durante más de 16 años, acotó.
Refirió que el inmueble en cuestión, de 200 hectáreas, fue adquirido por Micro Plant en 2005 de su anterior propietario, Werner Egginger, exintendente municipal del distrito de Iruña (Alto Paraná), quien lo había comprado con mensura judicial sin objeciones por parte de los linderos, sostuvo.
“De improviso, aparecen supuestos documentos de 1979, adjudicados por vía sucesoria en 2017. Años más tarde, el propietario vendió estos documentos o cedió sus derechos a terceros. A través de nuevos contratos, el terreno llegó a manos de verdaderos delincuentes que, ignorando las leyes, pretenden hacer justicia por mano propia, asustando, amenazando y aterrorizando a quienes se les oponen (incluyendo a policías, a quienes hicieron ‘correr’ con disparos de armas), sostiene Plangger. También menciona haber sido objeto de amenazas de muerte, racismo, daños y violencia contra personas desarmadas, algo que, según él, ‘ya es pan de cada día en nuestra zona’”, indica el empresario agrícola.
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Añade que “el nivel de violencia es tan alto que todas las fuerzas policiales locales se niegan a ayudarnos, a pesar de la flagrancia de los hechos punibles cometidos. Aguardan siempre una orden explícita del fiscal y, a pesar de ella, no han logrado identificar sino a una sola persona (que compareció en fiscalía como supuesto arrendatario). Hemos sido expulsados de una fracción cultivada de nuestro inmueble por tres veces. En lugar de hacer frente a los agresores, se han limitado a darnos supuesta protección para retirarnos de nuestra tierra”, lamenta.
Pese a que la policía tiene una orden fiscal para identificar a los invasores, cuando llaman a la policía “entonces nadie viene, nadie aparece” sostiene. Esta situación ocurrió ya en dos oportunidades. Esos cultivos realizados por los invasores provocaron daños a sus parcelas de cultivo orgánico, explica.
Estos atropellos por parte de los hasta ahora ‘desconocidos’ para la policía y fiscalía, no solo han destruido nuestros cultivos, sino también hectáreas de eucaliptos de cuyas plantas hicieron uso indebido para construir un puente y una precaria vivienda, refirió.
Plangger se preguntó qué más hace falta para que la fiscalía y la policía intervengan y hagan cumplir la ley. Sostiene que la interpretación de la situación por parte de la ciudadanía, incluidos los inversores extranjeros, es creer en el Estado, en su policía, y en la convivencia pacífica y competitiva, pero la interpretación para los terroristas es la tolerancia e impunidad, y la no existencia de ley o control estatal.
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El empresario se preguntó por qué quienes invocan derechos sobre esas tierras no cultivaron en 1979, cuando supuestamente fueron adquiridas, y por qué más del 70 por ciento de esas tierras no están en Carlos A. López, sino en San Rafael Del Paraná.
Para el denunciante, los invasores “movieron las coordenadas hacia el norte para que no solo se superponga nuestro título con el Padrón 1355, sino también con el de mi vecina Katrin Barbara Bischof Triltsch, Padrón 4736″. Requirió además: ¿Por qué no tienen la sentencia de su supuesta mensura judicial?
A la fiscalía “no le interesan todas estas cuestiones”, afirmó, y señaló que el representante o perito del Ministerio Público, el ingeniero Víctor Ibarra, es un ingeniero ambiental que, en lugar de denunciar la tala de nuestros eucaliptos, concluyó en una supuesta superposición gráfica de inmuebles. Según Plangger, esta situación, en el peor de los casos, no justifica los atropellos, la destrucción de cultivos, los disparos de armas de fuego, ni mucho menos el cultivo de suelos que nos pertenecen.
El productor cuestionó que, debido a la cobardía, impericia y mala voluntad de las autoridades, incluidos fiscales y policías, “como personas civilizadas que nos asumimos, vivimos llenos de terror por nuestras vidas y bienes”.
También criticó la negligencia de la Dirección de Catastro, que aún no ha respondido un pedido de informe catastral solicitado el 1 de octubre, un trámite que, generalmente, toma 24 horas.
Acto de teatro
Plangger mencionó que el miércoles 4 de octubre se reunieron con el viceministro del Interior y el director de Policía en Itapúa (Óscar Pereira y el Comisario Principal Juan Agüero, respectivamente), a quienes informaron de la situación y pidieron garantías. “Recibimos todo tipo de promesas y garantías de seguridad. Lamentablemente, fue un acto de teatro que solo podría tener otro matiz frente a la prensa populista”, señaló.
Para el empresario, la estrategia de los invasores es convertir el caso en un interminable proceso judicial civil mientras continúan ocupando la tierra por la fuerza y cultivando. “Hoy solo percibimos que el propósito de las instituciones es transformar el proceso penal en un caso civil lo más rápido posible. Dado que la policía no logra restablecer la paz en la zona del conflicto, los ocupantes hacen lo que quieren. Ahora han sembrado soja genéticamente modificada en nuestra tierra. Dos veces. Destruyeron 60 hectáreas de avena orgánica y ahora están empezando a destruir cinco hectáreas de maíz. La policía lo sabe, pero no interviene. Porque los terroristas en Paraguay siempre obtienen justicia. La tercera vez la policía no interviene. La cuarta, quinta y sexta vez, la policía no hará nada hasta que logren su objetivo: cosechar y vender sus siembras ilegales”, cuestionó.
Plangger señaló que “en Paraguay existe una ley y, dependiendo del origen del propietario, el Estado actúa de manera diferente. Los terroristas parecen tener impunidad para hacer lo que quieran con cualquiera. Ningún fiscal en Itapúa parece dispuesto a oponerse a ellos”.
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“Paraguay no es un país con grado de inversión, las autoridades mienten y ya hemos acudido al representante diplomático de Austria para que esta situación sea de conocimiento mundial y se defiendan nuestros derechos”, afirmó. Trabajar, producir y generar fuentes de empleo es nuestro propósito. Entonces, ¿qué se puede esperar de un país donde no se vive en un Estado de derecho ni se aplican normas constitucionales básicas?”, cuestionó, y concluyó diciendo que “lucharán hasta el final” por sus derechos.
Fuero civil
Por su parte, el fiscal encargado del caso, Ever Willians, sostuvo que la fiscalía está “actuando conforme a las facultades y límites que nos impone la ley”. Señaló que un informe del perito fiscal indica que, por lo menos, hay una superposición gráfica en los planos de propiedad y que, si la otra parte también presenta documentos, el tema deberá discutirse en el ámbito civil.
La abogada Estela Mary Escobar, representante legal de Celso Silva Pereira, quien se identifica como arrendatario de las tierras, sostiene que su cliente alquila una parcela de 221 hectáreas cuyo dueño es Benjamín Adaro Monzón. Para la letrada, existe una superposición de títulos, situación que debe resolverse en el fuero civil. Adaro Monzón es un exconcejal departamental, colorado del departamento de Caazapá, residente en Yuty.