Víctimas de despojo en Caaguazú fueron amenazadas y sufren problemas de salud

Las dos cabezas de familia que fueron víctimas de un esquema de apropiación y presunta estafa de una millonaria indemnización de la ANDE están sufriendo consecuencias médicas por toda la situación. La madre de uno de los fallecidos se encuentra en el hospital y la esposa del otro sufre recaídas y picos de presión arterial debido al estrés. Relataron que confiaron los trámites a una vecina y referente de su comunidad, una colorada cartista funcionaria del Congreso, quien había conformado un grupo que se quedó con G. 725 millones en total.

Así vive una de las familias que fueron víctimas de un esquema de apropiación de una indemnización de la ANDE, en la localidad de Caaguazú. La principal sospechosa es colorada cartista, funcionaria del Congreso.Víctor Daniel Barrera
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Doña Juana Honorina Casco (77), una de las víctimas de una millonaria apropiación de una indemnización de la ANDE, tuvo que ser hospitalizada este lunes. La mujer es madre de Mariano Ramírez Casco (43), uno de los fallecidos a raíz de una electrocución el pasado 3 de agosto en Jagua Kai, Caaguazú.

La ANDE destinó un monto total de G. 400 millones para su familia, pero aprovechadores se quedaron con G. 370 millones. Le hicieron creer que la estatal solo les pagó G. 40 millones y, encima, le sacaron de vuelta G. 10 millones más en concepto de honorarios.

Esta mañana, en medio del escándalo nacional que se generó, la mujer era entrevistada por varios medios locales cuando empezó a sentirse mal. Finalmente, tuvo que ser llevada hasta el hospital local para ser atendida, reportó el corresponsal de ABC Víctor Daniel Barrera.

Días atrás, ella fue “visitada” por uno de los involucrados, quien le advirtió que no debía contar cuánto dinero recibió por la indemnización

Doña Honorina vive en una muy precaria vivienda, construida con paredes de madera y sin piso. Ni siquiera tiene baño y cuenta con apenas una letrina cubierta con un plástico.

Así viven las familias que fueron víctimas de un esquema de apropiación de una indemnización de la ANDE, en la localidad de Caaguazú. La principal sospechosa es colorada cartista, funcionaria del Congreso.

Familias fueron amenazadas

Al mismo tiempo, también desde su casa, doña Lorenza Brítez González, esposa de Antonio Acosta Contrera (53), el otro fallecido debido al accidente provocado por un cable de la ANDE, contó que fueron víctimas del mismo esquema de apropiación.

Relató que Anadelia Acosta Armoa se acercó a su familia y confiaron en ella al ser una referente de la comunidad, vecina y conocida por todos. “Nos dijeron que ellos pedían G. 80 millones, pero que no consiguieron, dijeron que consiguieron G. 50 millones y llevaron de vuelta G. 5 millones para ellos”, relató.

Dijo que no entendió por qué ellos cambiaron el cheque, siendo que desde el principio hablaban de que ella debía cobrar “cheque en mano”. “Al final nos trajeron (la plata) Nosotros ni vimos el cheque, solo un papel en blanco firmó mi cuñado”, contó.

Así viven las familias que fueron víctimas de un esquema de apropiación de una indemnización de la ANDE, en la localidad de Caaguazú. La principal sospechosa es colorada cartista, funcionaria del Congreso.

Agregó que no saben qué hacer y ella tiene muchos problemas de salud por la presión alta, que empeoraron con todo el estrés generado. “Yo les dije a mis hijos para dejar nomás, porque ya no soporto, tranquilidad nomás necesito”, lamentó.

Mariana Benítez, hija del fallecido, relató que Anadelia y el otro abogado, identificado como Darío Flores, en todo momento les dijeron que no debían contar a nadie que estaban gestionando la indemnización y les hacían tener miedo. “Nadie sabía, ni los familiares sabían que cobramos. Nosotros seguimos trabajando vendiendo nuestra leche, calladitos”, relató.

La familia se gana su sustento vendiendo leche que produce de las cuatro vacas que poseen y ese es su único sustento. “Nosotros solo pedimos que nos den el faltante, mi mamá hoy está mal de vuelta, estaba ya mejor pero empeoró. No está bien”, lamentó en vivo para ABC TV.

Asi viven las familias que fueron víctimas de un esquema de apropiación de una indemnización de la ANDE, en la localidad de Caaguazú. La principal sospechosa es colorada cartista, funcionaria del Congreso.

Al menos ocho personas formaron parte del esquema

Según lo confirmó la fiscala Norma Salinas, quien investiga el caso inicialmente caratulado como presunta apropiación, hay al menos ocho personas que formaron parte de este esquema.

Dos personas hicieron de “gestores” del cobro de la indemnización, Anadelia Acosta Armoa y Darío Flores, pero -según los datos iniciales- varios funcionarios bancarios habrían permitido que efectivicen cheques que eran de carácter intransferible. Los testigos de los trámites son el padre y el hermano de la mujer, quienes habrían coaccionado a una de las víctimas, según la Fiscalía.

Acosta Armoa es funcionaria permanente del Congreso, destinada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, localidad de Caaguazú. En las planillas figura como abogada y asesora, pero no está matriculada y, según datos que maneja ABC, ni siquiera llegó a terminar la carrera de derecho. Está vinculada al cartismo, ya que aparece en fotos con numerosos líderes, entre ellos el vicepresidente Pedro Alliana.

Los involucrados en total se apropiaron de G. 725 millones, de dos cheques de G. 400 millones cada uno, que emitió la ANDE en carácter de indemnización para las familias de los dos hombres fallecidos a raíz de un cable de la ANDE.

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