María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales, se refirió al proyecto de ley “que busca establecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro”, conocida como Ley anti-ONG, impulsado por el cartismo y sus aliados.
“Creo que hay una intención del cartismo de aniquilar a la sociedad civil”, señaló Rivas, agregando que existe un propósito evidente de reducir el espacio cívico, demostrado por “una campaña de desinformación que se ha montado y que se viene llevando a cabo de forma sistemática”.
Rivas denunció que el sector oficialista y los medios afines “vienen replicando medias verdades o falsedades”. También se refirió a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual filtró documentos de las ONG, como parte de una campaña de desprestigio hacia la sociedad civil. “Utilizan informaciones privadas para descalificar a una ciudadanía que ha trabajado por mucho tiempo en el fortalecimiento de las instituciones y la democracia en Paraguay”, indicó.
La abogada advirtió que dicha campaña está generando temor en la sociedad civil, lo cual lleva a su autocensura, y calificó estos ataques como “los más feroces que ha recibido la sociedad civil desde la caída de la dictadura”.
Lea más: Comisión ‘garrote’: el cartismo “no podía refrenar sus ansias de ‘castigar’ a los disidentes”
Ley anti-ONG es “categóricamente inconstitucional”, afirma Peralta
Por su parte, Alejandra Peralta, abogada especialista en Derechos Humanos, señaló que este tipo de proyectos que buscan acallar voces disidentes no solo ocurren en Paraguay, sino que se replican en otros países de la región. “Estas leyes o proyectos que se presentan tienen como finalidad atacar la libertad de expresión, en alguna de sus manifestaciones”, aseguró.
Finalmente, Peralta enfatizó que el proyecto de ley Anti-ONG es categóricamente inconstitucional, ya que “ataca dos libertades fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de asociación”, concluyó.