Una delegación internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, realizó hoy una visita a la comunidad indígena Sawhoyamaxa en el Chaco paraguayo.
El objetivo de la inspección fue verificar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH en relación con la entrega de tierras ancestrales y la provisión de servicios esenciales, como parte de los compromisos del Estado paraguayo.
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En el 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los Sawhoyamaxa y obligó al Estado Paraguayo a devolver a la comunidad 14.404 hectáreas que son parte de sus tierras ancestrales. El 11 de junio del 2014, fue promulgada la Ley 5194, y los terrenos donde estaban asentadas dos empresas fueron expropiados a favor de este pueblo indígena.
La delegación internacional fue acompañada por representantes de la Circunscripción Judicial de Concepción y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. La comitiva mantuvo encuentros con líderes comunitarios y recorrió las instalaciones educativas y de salud. Se evaluó la infraestructura básica proporcionada por el Estado.
En la visita, también participaron representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Senadis, INDI y la Policía Nacional.
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Otras visitas a pueblos indígenas
La comitiva internacional de la Corte IDH también tiene en su agenda la visita de otros pueblos indígenas que también recibieron un fallo favorable para sus tierras. El miércoles la delegación irá a Yakye Axa y el jueves junto a los Xákmok Kásek. El viernes prevé una audiencia complementaria.
En junio del 2005, el Estado paraguayo fue condenado a entregar de manera gratuita a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales en un plazo máximo de tres años, plazo vencido en julio de 2008. No fue sino hasta el 2012 que se adquirieron 12.312 hectáreas para la comunidad, dentro del territorio Enxet, pero diferentes a las originalmente reivindicadas.
En cuanto a la comunidad Xákmok Kásek, en el 2010, la Corte-IDH declaró al Paraguay responsable de la violación de los derechos a la comunidad y le fijó un plazo de tres años, prorrogable a uno más, para la restitución de las 10.700 hectáreas reclamadas.