El intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos (Yo Creo) se trasladó hasta la capital para prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público (MP), en la causa abierta por supuesta lesión de confianza. La audiencia se llevará a cabo ante el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea).
Prieto llegó a la Fiscalía acompañado de los abogados Gilda Portillo y Andrés Casati, para dar su versión en la causa derivada de una denuncia de supuesta compra fraudulenta de panificados durante la pandemia del covid.
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Es la segunda ocasión que Prieto se presenta ante el Ministerio Público, pues en diciembre pasado lo había hecho en el marco de otro proceso por supuesta lesión de confianza, conocido como caso ”Tía Chela”, en alusión a la empresa proveedora. En aquella oportunidad, el intendente optó por abstenerse de prestar declaración indagatoria.
El político sí se refirió al caso ante la prensa, oportunidad en que afirmó que “están inventando cosas y buscando manipular información para atribuirme un hecho de corrupción”, al sostener que se trata de una cuestión política.
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La abogada Gilda Portillo explicó que esta es la segunda causa que afronta su representado, contra quien ya se presentó un total de 42 denuncias. La letrada aclaró que el fiscal Juan Ledesma había solicitado la desestimación de tres de ellas, pero ante el trámite de oposición dispuesto por el juzgado, el fiscal Corbeta rectificó dicha petición.
Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta explicó que el intendente Miguel Prieto fue convocado en el marco de la segunda causa penal en su contra. En ese sentido, se presentó y brindó “una declaración bastante breve y básicamente explicó que lo que él realizó fue que por motivos de la pandemia y la urgencia de ese momento”. El fiscal añadió la declaración indagatoria del jefe comunal era una de las últimas diligencias pendientes en este caso.
Proceso a Miguel Prieto por compra de insumos para panificados
En esta causa, la imputación fue presentada el 5 de abril pasado por los fiscales Silvio Corbeta Alma Zayas y María Verónica Valdez y es por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en calidad de autor, con relación a Prieto y al coprocesado Francisco Arrúa.
Por otra parte, fueron imputados en esta misma causa Buena Ventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Paez, Robert Osmar Florentín Silvero, Richard Ayala Ávalos, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo.
La adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos se realizó por vía de excepción, entre los meses de marzo y junio del 2020 y según la Fiscalía, habría ocasionado un perjuicio a las arcas municipales de G. 306.188.500. Las empresas beneficiadas fueron “Tajy Servicios Generales”, de Buena Ventura Morínigo; y “Vaemi SA”, de Emili Vanessa Florentín Páez.
“Miguel Prieto Vallejos habría encabezado un esquema creado para el desvío de los recursos municipales a partir del perjuicio patrimonial a la institución, con la promoción de licitaciones públicas cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, dirigido a la obtención de beneficios económicos indebidos”, expresa la imputación.
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La imputación a Miguel Prieto y a otras 10 personas por el caso “Tía Chela”
La imputación presentada en julio de 2023 contra Prieto y otras diez personas, la Municipalidad de Ciudad de Este habría tenido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a causa de la compra de alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
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Según la imputación presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia (actual juez penal de garantías), la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949 millones.
La Fiscalía refirió que no se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores y que además, la mayoría de los beneficiarios no residen en el país.
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