Los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín integran el tribunal de alzada que resolverá si confirma la apertura del juicio oral para la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Asunción Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada de presunto prevaricato, quien presentó apelación en contra de la resolución del juez de Garantías Yoan Paul López.
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En concreto los abogados Rodrigo y Gustavo González Planas, defensores de Tania Irún, presentaron apelación contra el Auto Interlocutorio N° 742 del pasado 20 de agosto, específicamente en el punto 1 que resolvió no hacer lugar al incidente de sobreseimiento definitivo de la exmagistrada acusada.
La defensa argumenta que el juez penal de Garantías no argumentó debidamente su resolución. Además resalta que la transferencia de las tierras, ordenada por Irún, fue ratificada por el Tribunal de Apelación de la Capital.
Acusación contra exjueza Tania Irún
La acusación contra la ex juez Tania Irún es por haber resuelto una demanda de las firmas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom por cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública, que fue planteada en contra de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.
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Según la fiscalía, el 28 de noviembre del año 2018, Irún resolvió la demanda sin haber corroborado los datos precisos de las identidades ni nacionalidades de los representantes legales de dichas firmas, de las cuales algunas son de Chipre y otras de las Islas Vírgenes Británicas.
La acusación fiscal resalta que con dicha conducta la entonces jueza incumplió varios artículos de la Ley N° 2532 del año 2005 “Que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.
La entonces jueza “violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, resalta parte de la acusación de fiscalía.
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Resolución de Diputados
Parte de las tierras que la entonces jueza Tania Irún ordenó que sean inscriptas a nombre de las citadas firmas fueron donadas al distrito de Puerto Casado. Sin embargo, como dicha resolución fue confirmada, a inicios del mes de agosto la Cámara de Diputados instó al Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo a proteger esa donación al Estado.