Cira Novara, vocera de Pykui, la Articulación de Ollas Populares, aseguró que llevan nueve meses sin recibir insumos de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Por mes, cada comedor gasta al menos G. 4.000.000 que deben cubrir con actividades solidarias.
Recordó la vigencia de la Ley N° 9645, que indica que el Ministerio de Desarrollo Social (IPS) debe garantizar el funcionamiento de los comedores sociales. Sin embargo, siguen sin recibir los insumos que requieren.
“Como esto no se está cumpliendo, hace nueve meses que no recibimos insumos, lo que hicimos fue llegar a la Aduanas para que los productos incautados también puedan pasar a los comedores que están en funcionamiento”, relató.
Indicó que tienen respaldo jurídico par avalar que las 25 “ollas populares” están funcionando, son reconocidas en las comunidades y por organizaciones como el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Emergencia Nacional, pero no tienen respuestas positivas.
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Insumos se pierden sin beneficiar a la gente
“Escuchamos todos los días que se incautan cebollas, zanahorias, tomates... pero lastimosamente la burocracia hace que estos insumos terminen perdiéndose en gran cantidad y muy pocos llegan algunos lugares pero no a los comedores que integran la articulación”, planteó.
Señaló que hoy pidieron oficialmente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y cada organización llevó su acta de constitución. Sin embargo, ahora les piden de vuelta muchos otros papeles más.
“No existe de parte del estado paraguayo, del Gobierno, una voluntad firme de apoyar estos espacios que realmente están haciendo un trabajo que debería estar haciendo el Estado Paraguayo a través de sus instituciones”, lamentó.
Aseguró que cada comedor da de comer a al menos 150 personas de escasos recursos por día, cuando tienen insumos. En promedio, requieren entre G. 2 a 3 millones mensualmente, para comprar insumos que la Aduanas debería entregar, según la Comisión de Seguimiento al Combate del Contrabando (Conada).
Además, deben sumar los gastos de aproximadamente G. 300.000 cada vez que van a hacer gestiones con el Gobierno, entre documentos, autenticaciones y transporte, por ejemplo.
“Es un alto costo para hacer un trabajo social que es voluntario, gratuito y solidario”, lamentó.