Juicio a Carlos Granada por presunto acoso sexual iniciará en noviembre

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juzgamiento de la causa confirmó que el 5 de noviembre iniciará el juicio oral y público a Carlos Javier Granada Fernández, acusado por presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual contra un grupo de periodistas del Grupo Albavisión, donde el mismo se desempeñaba como gerente. La defensa planteó una apelación en contra de la programación del juicio oral, que debe ser resuelto por la Cámara de Apelaciones.

Carlos Granada, ex gerente del Grupo Albavisión acusado de presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual.Gustavo Machado
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El juicio oral y público al periodista y exgerente de Albavisión (SNT y C9N) Carlos Granada, acusado por presunto acoso sexual, coacción y coacción sexual contra seis periodistas del medio a su cargo, iniciará el próximo martes 5 de noviembre, a las 08:00, según confirmó el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo e integrado por los magistrados Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza.

Sin embargo, la defensa del comunicador planteó un recurso de apelación general subsidiaria en contra de la decisión del Colegiado de Sentencia, que deberá ser resuelto por la Cámara de Apelaciones antes del 5 de noviembre. Además, existe una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Granada, que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia.

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La presente causa fue elevada a juicio oral y público el 20 de noviembre del 2023 por el entonces juez de Garantías Matías Garcete (actualmente juez de Sentencia) y la resolución fue confirmada el 19 de febrero de este año, por el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, integrada por los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez.

Es decir, de confirmarse providencia del Tribunal de Sentencia el juicio oral y público contra el periodista acusado iniciará casi un año después de haberse elevado a dicha instancia la presente causa penal.

Carlos Granada se expone a 15 años de cárcel

Al ser consultada sobre la expectativa de pena para el exgerente de prensa del Grupo Albavisión, la fiscala Claudia Aguilera puntualizó que en el caso del acoso sexual y la coacción la pena que establece el Código Penal es de hasta 2 años. Sin embargo, con respecto a la coacción sexual es hasta 10 años.

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“Considerando que nosotros hemos acusado por tres tipos penales, el marco podría llegar incluso hasta 15 años. Es decir, la calificación jurídica cuya pena es más alta que es la coacción más la mitad de la misma, son 15 años la expectativa”, resaltó la agente del Ministerio Público.

Natalia Silva y Claudia Aguilera, fiscalas a cargo de la causa contra Carlos Granada.

La presente causa se inició en mayo de 2022, cuando un grupo de mujeres periodistas denunció acoso sexual por parte del exjefe de prensa del grupo Albavisión, específicamente las comunicadoras de los canales de televisión SNT y C9N.

En la acusación fiscal, presentada el 23 de agosto de 2023, las agentes nombran a las víctimas de los ataques sexuales y resaltan que los relatos son coincidentes con los testimonios brindados en sede fiscal, así como los brindados en oportunidad de la contención psicológica y toma de relatos realizados ante las psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

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En libertad desde mayo de 2023

Carlos Granada fue imputado el 27 de agosto de 2022 por presuntamente haber cometido coacción, coacción sexual y acoso sexual mientras ejercía una gerencia en Canal 9. Recién el 11 de noviembre de ese año se puso a disposición de la Justicia y el juzgado de Garantías ordenó su prisión preventiva en la cárcel de Emboscada.

El 17 de febrero de 2023, Carlos Granada dejó la prisión y pasó a cumplir arresto domiciliario, bajo una fianza de G. 900 millones, hasta que el 19 de mayo del año pasado el periodista obtuvo la libertad ambulatoria, por compurgamiento de la pena mínima, según dispuso el entonces juez de Garantías de la causa Julián López (hoy jubilado).

La decisión del magistrado se dio pese a la oposición del Ministerio Público y la querella representada por el abogado Rodrigo Yódice, quienes argumentaron que el caso se trata de un crimen.

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El comunicador acusado por el Ministerio Público tiene prohibición de salir del país, prohibición de comunicarse con las denunciantes y otras medidas de conducta. En caso de incumplirlas, podría volver a prisión.

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