En atención al pedido de sobreseimiento provisional del senador cartista Hernán David Rivas Román, planteado el pasado 19 de julio y ratificado este 15 agosto por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, el juez de Garantías Miguel Palacios programó para el jueves 5 de setiembre la audiencia preliminar del parlamentario.
En el requerimiento conclusivo, las agentes del Ministerio Público argumentan que no han sido clarificadas convenientemente todas las circunstancias que rodearon al hecho, razón por la cual necesitan hacer un análisis general de la presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, atribuidos a Rivas Román en calidad de autor.
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La fiscalía fundamenta también que requiere de tiempo para tomar testimoniales de alumnos y docentes de la Universidad Sudamericana, así como la contestación de pedidos de informes pendientes a la Dirección General de Registros Públicos, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Otra diligencia que el Ministerio Público agregó como pendiente, en el pedido de sobreseimiento provisional, es la convocatoria al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para que explique por qué propuso a Hernán Rivas como representante de la Honorable Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cuanta el legislador procesado integrado dicho cuerpo legislativo.
Imputación contra Hernán Rivas se presentó tres veces
La fiscal adjunta Patricia Rivarola, encargada de la coordinación de todas las unidades penales del Ministerio Público, presentó el pasado 5 de julio la tercera imputación contra Hernán David Rivas Román, legislador colorado que responde al movimiento Honor Colorado de la ANR.
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La primera presentación de la imputación se hizo el 18 de enero de 2024, por la agente fiscal Patricia Sánchez. Esta fue admitida por el juez penal de garantías Miguel Palacios el 15 de febrero de 2024 y fijó como fecha de presentación el 19 de enero, fijando así fecha para requerimiento conclusivo el 19 de julio de 2024.
Sin embargo, esa providencia fue atacada por la defensa de Hernán Rivas y un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió el 8 de marzo de este año revocarla y por ende, dispuso la devolución del documento a la Fiscalía para su corrección.
Cámara devolvió imputación en dos ocasiones
El 18 de marzo de 2024 la fiscala Daniela Benítez, ante el hecho de que su colega Patricia Sánchez fue recusada, ratificó la imputación. Esta fue la segunda presentación de la misma. El escrito fiscal fue admitido el 19 del marzo y se fijó, nuevamente, como fecha para conclusión de la etapa preparatoria el 19 de julio de 2024.
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La defensa de Rivas nuevamente volvió a incidentar contra la admisión de la imputación, y el 21 de junio un Tribunal de Apelación en Penal Segunda Sala de la Capital, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió devolver la imputación a la Fiscalía.
Ante la resolución de la Cámara de Apelaciones el viernes 5 de julio de 2024, la fiscala adjunta Patricia Rivarola presentó la tercera imputación en contra del parlamentario cartista, por presunta Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso, en calidad de autor.
Título de abogado habría sido fraguado
El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que sustente la veracidad de que el senador colorado Hernán David Rivas Román haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.
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La fiscalía sostiene que el 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la matrícula de abogado, juntamente con los otros documentos que acreditarían su formación académica, para que sea elegido como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo mismo ocurrió en junio del 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.
De esa manera, a Rivas se le fue permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.