El Gobierno lanzó ayer el Registro Único del Estudiante (RUE), que consiste en un sistema de carga y almacenamiento de datos y antecedentes académicos de todos los estudiantes del nivel terciario.
El viceministro de Educación Superior y presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, mencionó que “es el paso para darle trazabilidad y transparencia al sistema” que se encuentra “vulnerable”.
Resaltó que mediante este sistema ya no habrá “expedientes fantasmas” con respecto a supuestos estudiantes que -se presume- cuentan con títulos falsos y que no cursaron las carreras, como sería el caso del senador cartista Hernán Rivas, quien está siendo investigado por parte de la Fiscalía.
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“Se carga la información por año, por semestre, por estudiante y por asignatura. Cada vez que se cierra un año, se llavea la información, se encripta y ya no se puede acceder a ese semestre. Entonces, no es posible generar expedientes fantasmas. Tiene niveles de seguridad”, declaró.
RUE: se podrá hacer modificaciones “justificadas”
Mora afirmó que se podrá aplicar modificaciones, pero estas deben ser “justificadas” e “identificadas”. “No es una preocupación que cambien la calificación, pero lo que no se podrá decir es: ‘Me olvidé de un estudiante’”, declaró.
Agregó que el sistema deja “pistas de auditoría” que permiten la trazabilidad de la carga de datos; es decir, si alguien altera datos quedará el registro de “en qué momento, de qué correo y de qué IP lo modificó”.
Protocolo, a cargo del MEC
Además, dijo que con el RUE también se acabarán los estudiantes en programas de estudios no habilitados. “No va a haber posibilidad de cargar si no está vinculado a la habilitación del programa”, dijo.
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Mencionó que existen mecanismos para casos en que la universidad no cargue la información del estudiante en el RUE. Añadió que dicho protocolo de acción estará a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
“Si la universidad no carga los datos, el estudiante no existe para el sistema. Si no carga debidamente, existen protocolos de actuación”, mencionó.
El viceministro reveló que el sistema costó US$ 300.000, que fueron financiados por la Unión Europea (UE). Justificó la financiación por el “objeto de beneficio”.