Con el argumento de que la acusación del Ministerio Público no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 347 del Código Procesal Penal, la defensa del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre atacó de nulo el Auto Interlocutorio N° 37 de fecha 28 de marzo de 2023, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, que elevó la presente causa penal a juicio oral y público.
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“En la acusación fiscal no existe una relación precisa y circunstanciada de los hechos atribuidos al señor González Alegre, solamente se hace una narrativa de la conducta que supuestamente nuestro cliente desplegó y que se configura en lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal”, fundamentó el Abg. Bernardo Villalba, al plantear el incidente.
Por su parte el también defensor Abg. Idilio Acosta afirmó que gran parte del A.I N° 37 es un “copiar pegar” del texto de la acusación del Ministerio Público; y que existe solo un párrafo donde el juez Humberto Otazú hizo una fundamentación de su resolución, de elevar la causa a juicio oral y público.
La defensa de Hugo Javier también planteó incidentes de nulidad de las pruebas que presentó la fiscalía, además de inclusión de otros medios de prueba; así como hicieron las defensas de los demás acusados: Miguel Robles, Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano Decoud y Modesta Valiente.
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Fiscalía contestará incidentes
El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez y Yolanda Morel programó la continuidad del juicio para el martes 2 de julio, a las 7:30, a fin de escuchar la postura de los fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Néstor Coronel sobre los incidentes planteados por las defensas; y luego resolver si hace lugar o rechaza dichas peticiones.
La acusación fiscal afirma que los seis encausados se encargaron de “fabricar y clonar” facturas que luego presentaron a la Contraloría General de la República (CGR), tratando de justificar el destino que tuvieron los G. 5.105 millones provenientes de los fondos covid.
De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, el dinero no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), beneficiada con la millonaria transferencia.
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En la presente causa, el denominado cerebro Miguel Ángel Robles presentó una serie de chicanas buscando trabar el proceso, hasta que finalmente el 23 de agosto del año 2023 un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción rechazó todos los recursos y confirmó el juicio oral y público.