Tras 12 años de la conquista de un resarcimiento por los desaparecidos Saltos del Guairá o 7 Caídas, logrado mediante la lucha de los ciudadanos de la capital del departamento de Canindeyú, el gobierno de Santiago Peña eliminó los G. 40.000 millones anuales que percibía la ciudad y redireccionó dichos fondos a la Ley de Hambre Cero.
La promesa del Gobierno era devolver los fondos y más a Saltos del Guairá, mediante una nueva Ley de Compensación, que hasta ahora ni siquiera tiene un anteproyecto. Los recursos de los saltos también beneficiaban, en una mínima proporción, a los demás 15 municipios de Canindeyú (cerca de G. 1000 millones anuales por municipio)
Los recursos que percibía la capital de Canindeyú por haber quedado sin sus maravillosos saltos del Guairá eran destinados a la construcción y mantenimiento de una básica infraestructura turística consistente en asfaltado, construcción de caminos, iluminación, alcantarillados pluviales y el mantenimiento de la ciudad para recibir a los turistas compradores brasileños con una mínima comodidad pública.
Las dos principales obras ejecutadas con dichos recursos en los 12 años de su vigencia fueron la construcción de 6 kilómetros de doble avenida que une el microcentro comercial con la frontera seca con el Brasil y la costanera, con inversiones aproximadas a G. 120.000 millones.
“Además se construyeron cientos de kilómetros de empedrado, asfaltado y alcantarillado, que sin la compensación eran impensables”, señaló Héctor Morán, intendente actual de la ciudad. Un buen porcentaje del “dinero de los saltos” también era destinado a construcción de aulas y mejoramiento del sistema de salud, dijo.
La promesa de las autoridades nacionales era devolver los recursos rescatados al municipio mediante otra ley, que se esperaba sea aprobada al mismo tiempo que la Ley Hambre Cero. Una de las explicaciones del cambio de una norma por otra era la posible desaparición en pocos años de los fondos que obtenía el Paraguay por la venta de excedentes de energía al Brasil, del cual provenían los recursos financieros para la compensación por los saltos inundados por la represa de Itaipú.
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Sin embargo, pasaron más de dos meses de que la compensación (Ley 5404/15) fue derogada y hasta ahora no se cumplió dicha promesa. Varias reuniones fueron celebradas entre intendentes de Canindeyú, el gobernador Nelson Martínez y representantes del Gobierno Central para estudiar la nueva legislación, sin llegar al objetivo hasta ahora.
Según el intendente Héctor Morán el motivo de la demora sería la manipulación al que está siendo sometido dicho proyecto de ley presumiblemente por influencia de la diputada Cristina Villalba, alias “La Madrina”, cercana al gobierno Santi Peña y “enemiga política” de Morán.
“Lo que ella está buscando es convencer al Presidente que nos saquen casi todo el recurso que por derecho natural solo pertenece a Saltos del Guairá y repartirlo a los otros municipios que nada perdieron. Quiere dejar pelado al municipio que ella odia y ponerse bien con los demás para seguir teniendo hegemonía política en el departamento”, aseguró.
Finalmente dijo que, en la coyuntura actual, Saltos del Guairá se ve obligada a aceptar la gran injusticia gestada en su contra, para no perder todo, aunque perdura la esperanza de que el Presidente de la República restablezca el verdadero sentido de la compensación, es decir, determine que el 80 por ciento por lo menos sea asignado al municipio que heredó el nombre de los saltos.