Obras fantasmas causaron “perjuicio cero” a Central, insiste defensa de Hugo Javier

Al inicio del juicio oral y público por el caso obras “fantasmas” en Central, la defensa del exgobernador Hugo Javier González Alegre ratificó que la institución departamental no sufrió daño alguno en su patrimonio, ya que “las obras están”. Según la acusación fiscal, la Gobernación sufrió un perjuicio de G. 5.105 millones, por la malversación de los fondos covid.

Hugo Javier González Alegre, exgobernador de Central acusado por el caso obras "fantasma", minutos antes del inicio del juicio oral.Gustavo Machado
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El perjuicio al patrimonio de la Gobernación de Central por el caso obras fantasmas “es cero”, afirmó el Abg. Bernardo Villalba, ex legislador cartista, uno de los defensores de Hugo Javier González Alegre, quien afronta desde hoy juicio oral y público junto a otros cinco acusados por presunta lesión de confianza y otros hechos.

“El cien por ciento de las obras existen, eso lo admite la propia fiscalía. El daño patrimonial es cero, no existe ningún perjuicio a la Gobernación de Central, ya que los fondos transferidos a la institución para la reactivación económica durante la pandemia por covid, fueron transferidos a tres empresas para la ejecución de obras”, afirmó el letrado.

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Según la acusación fiscal, el dinero transferido por la Gobernación de Central no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), beneficiada con la millonaria transferencia.

Sobre el punto Villalba afirmó que, en realidad, lo que la auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó es que “de las diez empresas contratadas para la ejecución de obras en el departamento, tres firmas pudieron no haber hecho la totalidad de las obras o que las mismas no contaban con el respaldo suficiente para justificar el monto utilizado”, según expresó el defensor del “número 2″.

Defensa de Hugo Javier pide postergar juicio

En la audiencia de este lunes las defensas plantearon varios incidentes, entre ellos el pedido de suspensión del inicio del juicio oral y público, planteado por los abogados Bernardo Villalba y Fausto Portillo, los defensores del exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre.

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La defensa argumentó para que este martes 18 de junio está previsto el inicio de la audiencia preliminar en la causa que afronta el “número 2″ por el presunto desvío de G. 18.300 millones de la Gobernación de Central, ante el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.

Villalba argumentó que, como no se sabe cuánto durará la diligencia, en atención a la gran cantidad de pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, la intención es que no se encimen las causas, ya que resulta imposible que el proceso pueda participar de ambas diligencias.

Las juezas Yolanda Morel (izq.), Karina Cáceres (presidente) y Ana Rodríguez integran el Tribunal de Sentencia que juzga la causa.

Las demás defensas plantearon otros incidentes, como la nulidad absoluta de la acusación, nulidad del auto de apertura a juicio oral, inclusión de pruebas y exclusión de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público.

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez y Yolanda Morel programó la continuidad de la audiencia oral para el próximo lunes 24 de junio, a las 7:30, a fin de escuchar la postura de los fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Néstor Coronel sobre los incidentes planteados por las defensas; y luego resolver si hace lugar o rechaza dichas peticiones.

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Se expone a condena de 7 años y medio de cárcel

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera resaltó que, atendiendo que la acusación atribuye más de un hecho punible al exgobernador de Central Hugo Javier González González, éste se expone a una pena de hasta 7 años y seis meses de prisión.

Al respecto puntualizó que la lesión de confianza es el hecho con la expectativa de pena más alta, hasta 5 años de cárcel, por lo que en el concurso, en la condena se puede sumar hasta la mitad de esa pena prevista.

Los fiscales Francisco Cabrera (der.), Néstor Coronel y Diego Arzamendia, son los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, encargados del caso.

En cuanto a los incidentes planteados e agente del Ministerio Público resaltó que junto a sus colegas Diego Arzamendia y Néstor Coronel solicitaron como inclusión probatoria las sentencias por las cuales el juez de Garantías Humberto Otazú aplicó el procedimiento abreviado para los procesados Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Karina Elizabeth Mazacotte, Édgar Zaracho y Adalberto Benítez Aguilera.

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El pedido del Ministerio Público obedece a que estas personas están ofrecidas como testigos de la fiscalía para que declaren en el presente juicio oral, lo que es rechazado por las defensas de los acusados, quienes pidieron al Tribunal de Sentencia la exclusión de dichas testificales.

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