El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó a ABC Cardinal que efectivamente ocurrió el traslado en forma irregular de los condenados Flaviano Giménez y su hijo Flavio Junior Giménez Spaini, desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la Penitenciaría Regional de Villarrica, entre el viernes y el sábado. Añadió que tomaron conocimiento del hecho, el domingo, por lo que ya tomaron medidas del hecho.
El titular de la cartera de Justicia señaló “tomé conocimiento hace un par de días por lo que dicté una resolución mediante la cual dictaminé para que ningún traslado se haga sin que antes sea autorizado por la máxima autoridad o por el viceministro de Política Criminal”. Así también, resolvió retrotraer el hecho, al trasladar de vuelta a los internos hasta Tacumbú el pasado martes 11 de junio.
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Añadió que tras tener conocimiento del hecho, ya solicitó los antecedentes de los involucrados, en este caso, Flaviano Giménez y su hijo Flavio Giménez, quienes tiene un perfil de alta peligrosidad. Ambos fueron condenados años atrás por el fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia el 10 de mayo de 2022.
Entre otros datos que solicitó el ministro Nicora se cita la nómina de personas que acompañaron a los internos, el número del vehículo utilizado, a modo de derivar esa información a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia, con la finalidad de deslindar responsabilidades o hacer responsables a quienes llevaron a cabo el traslado.
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Habrían pagado importante suma de dinero para traslado
El hecho tomó estado público luego de que el Director de Comunicaciones del Ministerio Público, Aníbal Emery, haya difundido la información por medio de su cuenta de “X” (ex Twitter) y la nota que autorizaba el traslado de los dos internos condenados. La publciación gregaba también que se hizo un pago de G. 50 millones que habría recibido el director de Tacumbú, Luis Esquivel, y el jefe de seguridad del penal.
Si bien el traslado fue confirmado por el ministro Rodrigo Nicora, el presunto pago de la suma de dinero al director Luis Esquivel está siendo investigado. El secretario de Estado señaló, “el director hasta hoy sigue en funciones, pero todo lo que diga lo tiene que plasmar en documentos”. Al ser consultado sobre la plata, Nicora señaló “hay cuestiones que no quiero hacerlas públicas, porque puede evitar que sepamos la verdad”.
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El ministro Nicora también confirmó que fue un interno de Tacumbú, que sería el procesado por lavado de activos y secuestro Julio César Duarte Servián, quien redactó la nota de traslado. No se descarta que haya sido el mismo quien firmó el escrito “por ausencia” (P/A), del director, para luego estampar el sello de la autoridad penal, en este caso Luis Esquivel, pues en el documento se observa su sello. Sobre el motivo del traslado, Nicora detalló que Esquivel expuso que fue “por acercamiento familiar”.
Sin embargo, “el acercamiento familiar no es motivo válido cuando hablamos de personas con altos perfiles. No es suficiente cuando hablamos de este tipo de perfiles, por eso se les traje de nuevo a Tacumbú hasta que nos llenemos de los documentos”, refirió Nicora.
Otro dato que se está indagando es que un comisario de la zona del penal de Tacumbú, habría recibido también un pago de G. 500.000 para no asignar escoltas al móvil de Traslado de Internos del Ministerio de Justicia, cuando salía del penal con destino al departamento de Guairá.
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Altas penas a narcotraficantes
El Ministerio Público obtuvo sentencias entre 20 a 12 años de pena privativa de libertad contra los acusados Jorge Daniel Zorrilla Vera, Derlis Nicolás Agüero Ramírez, Cristian Mancuello Ferreira, Miguel Ángel Torres Ramírez, Orlando Dos Santos Fernández, Flaviano Giménez, Flavio Junior Giménez Spaini, Wilberto Fariña Báez, Wilson Gauto Campuzano, Cristino Condrado Samudio Godoy, Érico Giménez Romero, Nelson Osvaldo Mercado Bogado, y José Luis Giménez Ortellado.
De acuerdo con los antecedentes que desde mayo del 2017, los condenados integraban una organización criminal que se dedicaba a acopiar, transportar, comercializar y traficar grandes cantidades de sustancias estupefacientes desde la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, hasta la República Federativa del Brasil. Tras un operativo interinstitucional, fue desbaratada la estructura y las personas fueron detenidas e imputadas.
La sentencia fue dictada en el 2021 por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Fabián Escobar (presidente), Sandra Farías y Carlos Hermosilla. El agente fiscal Marcelo Pecci representó al Ministerio Público en la causa. Ya en 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes declararon inadmisibles los recursos de casación planteados por las defensas, confirmando así las condenas.