La causa por presunta coacción sexual, violación y abuso sexual contra el intendente del distrito de Acahay, Aldo Eustacio Lezcano Almirón (Almirón), está a cargo fiscal de Carapeguá, Alcides Espínola. Luego de escuchar la declaración de la denunciante, (una exfuncionaria municipal) y del ejecutivo municipal, imputó al intendente y solicitó su prisión preventiva.
El juez penal de garantías de Carapeguá, Hilario Bustos, señaló que recibió el acta de imputación y el pedido de prisión preventiva contra el ejecutivo comunal de Acahay. Dijo que analizará el expediente para luego fijar fecha de imposición de medidas.
En su denuncia, la afectada manifestó que ingresó como funcionaria de la Municipalidad local el 11 de noviembre del 2021 y que el supuesto hecho habría ocurrido el 23 de diciembre del 2023 en la oficina del intendente municipal. Comentó que entró para pedirle que le pague el salario atrasado, momento en el que le agarró las manos e intentó obligarla a tocar sus partes íntimas.
Este hecho fue desmentido en su momento por Lezcano, quien manifestó que en abril de este año feneció el contrato de la exfuncionaria y no se renovó por problemas presupuestario Indicó luego de esta medida recibió amenazas y extorsión de mujer, quien le advirtió que lo hundirá y tiene la forma de lograrlo.
El ejecutivo comunal dijo que no accedió a la presión que ejerció la mujer y como consecuencia presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE). Agregó que detrás de esta situación existe un fuerte interés político de sus adversarios que quieren quedarse con la Intendencia entrando por la ventana.
Es aberrante y peligrosa la decisión del fiscal
El representante legal del intendente, abogado Oscar Tuma, manifestó que es aberrante y es una locura la decisión que asumió el fiscal al imputar a Lezcano teniendo como elementos de pruebas solo el testimonio de la supuesta víctima y un video que está editado de acuerdo a las pretensiones de la exfuncionaria municipal.
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Dijo que el fiscal se apresuró en imputar sin realizar otras diligencias urgentes e importantes, como la incautación de celulares de los involucrados, solicitud de grabación total de las imágenes proporcionadas en partes por la mujer. Se quedó solo con lo se le acercó y lo que escuchó, nada más.
Agregó que es una barbaridad el actuar del representante del Ministerio Público porque el expediente no reúne los requisitos legales para proceder a la imputación. Esto puede dejar un precedente muy peligroso para la ciudadanía, expresó. Adelantó que si el juez admite la imputación, apelará y solicitará la nulidad de la imputación.