El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó medidas alternativas a la prisión para Wilfrido Cáceres, exjefe de Gabinete del municipio asunceno; procesado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Misma decisión se dio en el caso de la esposa del procesado Ruth Jazmín Da Silva Almirón y Camila Monserrath Ramírez Gómez, imputadas por supuesto lavado de dinero.
Los tres procesados tienen prohibición de salir del país sin autorización judicial, deben comunicar cualquier cambio de domicilio, y están obligados a comparecer de forma trimestral ante el Juzgado de Garantías, entre el 1 y el 5 de cada mes, a fin de firmar el libro de comparecencia correspondiente.
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El Juzgado resalta en su resolución que a través de las medidas alternativas dictadas se puede evitar el peligro de fuga de los procesados; y que la libertad ambulatoria de los mismos no representa ningún peligro para la prosecución de la investigación impulsada por el Ministerio Público.
El magistrado a cargo de la causa atendió el pedido de las defensas y resolvió no imponer fianza alguna para los tres procesados, ya que consideró que “todos los bienes sobre los cuales pesan medidas cautelares en este proceso representan suficiente caución a los efectos del aseguramiento y sometimiento de los mismos al presente proceso penal”.
Proceso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado
El 13 de mayo de 2024, siendo las 04:55, una comitiva encabezada por el fiscal Silvio Corbeta allanó la mansión donde residía Wilfrido Cáceres, ubicada en la calle 24 de Junio casi Brasil de San Lorenzo. En la ocasión, el agente fiscal les dio tres horas a los ocupantes para desalojar el inmueble, que quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), cuyos funcionarios realizaron un inventario de los bienes.
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A través de un incidente innominado, la defensa de Cáceres –actual funcionario de la Junta Municipal con un salario de G. 9.040.645– cuestionó la incautación de objetos varios que no guardan relación con los objetivos señalados en la orden de allanamiento y solicitaron al juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos la devolución de los mismos.
Heladeras, hielera, choppera, consola de sonido, parlantes, monitores de estudio, televisores, cuadros, equipos informáticos, placar, utensilios de cocina, son –entre otros– los objetos que Cáceres sostiene que fueron indebidamente entregados a la Senabico y pide recuperar.
El juez Rodrigo Estigarribia atendió el pedido de la defensa y dispuso que una vez concluido el inventario, sean entregados a Cáceres los bienes cuyo valor no superen los 30 jornales (G. 3.092.730). A juzgar por el derroche de lujo que se observa en la fina decoración de la mansión intervenida, será todo un desafío encontrar los bienes que se adecuen al tope establecido por el Juzgado.
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Bienes e ingresos de exdirector de Nenecho no se corresponden
La fiscalía resalta en la imputación que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes al 22 de marzo de 2019, el 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Con estas, tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.
La pareja conformada por Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva se rige por la comunidad de bienes gananciales. En este sentido, la entidad contralora verificó con relación a Da Silva un déficit de G. -235.273.584, en vista de que la misma no disponía de ingresos que le permitieran adquirir los citados terrenos de San Lorenzo.
Así también, la Contraloría verificó que la compradora del inmueble Camila Ramírez, al tiempo de adquirir el inmueble no tendría un ingreso suficiente para adquirir los mencionados inmuebles, pues en ese periodo de tiempo se desempeñaba como asistente de la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva.
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Supuestamente la “compra” fue realizada por la joven Camila, entonces con 18 años, el 13 de agosto del 2020 y el 6 del mismo mes y año, el padre de Camila, Justo Pastor Ramírez (+), era entrevistado por el senador Gilberto “Tony” Apuril (Hagamos) por su trabajo emprendedor de venta de comidas frente a su casa porque fue uno de los miles de compatriotas afectados económicamente por la pandemia del covid-19.
Variación patrimonial no es sustentable, según CGR
De las declaraciones presentadas por Cáceres, la Contraloría también constató que este solo declaró un inmueble por valor de G. 207.808.000, en Ñemby, que fue adquirido en 2018; no así la compraventa de los inmuebles de San Lorenzo. Es así que la Contraloría enuncia como conclusión final que “entre la primera y la segunda declaración existe una variación patrimonial NO sustentable. Por ende no existe correspondencia conforme a todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos por Wilfrido Adrián Cáceres Flores”.
Es ante estos datos expuestos y que fueron resaltados por la Contraloría, que se presume que la operación habría sido una simulación efectuada de común acuerdo entre el matrimonio y la estudiante de odontología, para ocultar a los verdaderos propietarios de la vivienda, y así asegurarles el disfrute del bien.
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Actualmente, Cáceres figura como funcionario de la Junta Municipal de Asunción, comisionado a la intendencia, con un salario de poco más de G. 7.177.790, más G. 253.635 de subsidio médico y otros G. 1.608.220 por grado universitario, con lo que totaliza un ingreso mensual de G. 9.040.645.