El amparo tiene como objetivo exigir al intendente Carlos Echeverría el cumplimiento de la Ley 5.590/16, que establece la obligación de realizar una audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Pese a los reiterados reclamos, las autoridades municipales se han mantenido renuentes a transparentar su gestión.
Desde inicios de año, la Contraloría Ciudadana ha solicitado en más de una ocasión al jefe comunal la convocatoria a esta instancia de participación ciudadana. Sin embargo, sus pedidos han sido sistemáticamente ignorados por el ejecutivo municipal.
En el amparo presentado, la organización cívica solicita que se informe sobre el balance general, el estado de resultados, la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal fenecido del año 2023, los montos de las transferencias recibidas, el detalle de la aplicación de los fondos en obras y otros rubros, el saldo presupuestario y financiero, las licitaciones realizadas y las transferencias a comisiones vecinales o entidades sin fines de lucro.
La Contraloría Ciudadana argumenta que la decisión arbitraria y autoritaria del intendente de no realizar la audiencia pública de rendición de cuentas vulnera el derecho a la información y el libre acceso ciudadano consagrados en el artículo 28 de la Constitución Nacional y en la Ley 5282/14.
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La corresponsalía de ABC Color se intentó comunicar con el intendente Carlos Echeverría para obtener su versión sobre el amparo judicial presentado, pero no se obtuvo respuesta de parte de la autoridad municipal.