El ex ministro de Agricultura y Ganadería de nuestro país, Ing. Agr. Moisés Santiago Bertoni Hicar participó días atrás en un debate sobre el Reglamento UE 1115/2023 de la Unión Europea, realizado en el local de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con presencia de las autoridades de la comisión directiva central del gremio.
“No se debe perder ningún mercado y hay que poner las condiciones para que quienes quieran seguir vendiendo a la Unión Europea lo hagan. El mecanismo debe ser sencillo, voluntario y práctico”, afirmó el extitular del MAG.
Durante la presentación realizada, Bertoni explicó los alcances de dicha reglamentación y recordó que entrará en vigencia a partir primero de enero del 2025 y que afecta a las importaciones de la UE de carne, soja, cacao, café, palma aceitera, madera y caucho y los subproductos.
El Ing. Bertoni informó que se está trabajando en poder demostrar el cumplimiento de dicha normativa en nuestros productos, pero dejó en claro que la soberanía nacional no se tiene que negociar.
Por su parte, el nuevo presidente de la ARP, Dr. Daniel Prieto Davey, manifestó que el gremio está trabajando para no perder el mercado de la UE y por eso se están considerando las alternativas. Aclaró que la ARP siempre defenderá la soberanía de nuestro país. “Se está avanzando para proteger el mercado, vamos a defender nuestra soberanía y estamos trabajando para quitar lo mejor posible”, destacó el titular de la Rural. Comentó que la visión país de la ARP es la de seguir siendo competitivos en los mercados más exigentes y evitar cualquier aspecto que ponga en peligro el desarrollo.
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Reglamento interno y universal de la UE
Según los datos, la norma N° 1115/2023 es un reglamento interno de la Unión Europea (UE). Sus sujetos son los importadores de los 27 países que forman parte de la UE, que comercializan en ese mercado productos que contengan o se hayan elaborado con ciertas materias primas. No está dirigido a un país determinado ni bloque en particular, por lo tanto no afecta solamente a Paraguay, sino a todas las exportaciones destinadas a la UE , cualquiera sea el país de origen. En el caso de Paraguay afecta a la soja, carne bovina, madera y derivados.
Decreto 1541/ 2024
El martes 16 de abril de este año, con el Decreto Nº 1541, el Poder Ejecutivo designó al MIC, como coordinador de “las tareas tendientes a la evaluación e implementación de sistemas de trazabilidad socioambiental, que garanticen la competitividad y acceso pleno de los bienes y productos paraguayos en los mercados internacionales”. A través del mismo se creó el grupo de ministerios para el desarrollo de la plataforma de trabajo de con el MIC, el MAG, el Mades y de Relaciones Exteriores.
Fecoprod proponen trazabilidad privada para UE
El sistema de trazabilidad socio ambiental y debida diligencia para cumplir con el reglamento 1115/ 2023 de la Unión Europea debe ser trabajada entre privados y no ser liderado por el gobierno, según propone el asesor técnico de la Federación de Cooperativas de la Produccion (Fecoprod), Jorge Martinez T.
Comentó que dicha normativa de la UE está diseñada para operadores y traders, no para gobiernos. Por tanto, es un esquema privado en donde las condiciones son impuestas a través de acuerdos mínimos entre comprador-vendedor, indicó.
Además, los representantes de la UE ya han comunicado que ninguna plataforma gubernamental o privada será reconocida ni registrada y que serán los operadores o traders los que pondrán condiciones. Por tanto, la plataforma gubernamental corre el riesgo de ser rechazada por los operadores, adviertió Martínez.
“El rol del gobierno es importante, pero como proveedor de información, así mismo, como supervisor del marco legal paraguayo, si se vuelve en supervisor del reglamento 1115/2023 UE, estaría actuando como un fiscalizador de una normativa de la Unión Europea”, explicó.
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“Conflicto de intereses”
Advirtió que podría existir conflicto de intereses, porque el gobierno debería actuar siempre como órgano regulador y proveedor de información, permisos, licencias, etc.
Pero en el caso del sistema de trazabilidad funcionaría casi como un certificador socioambiental y ante lo cual perdería la imparcialidad que un gobierno debe mantener, sostuvo.
También refirió un posible aumento de la burocracia, porque el posible liderazgo gubernamental incrementaría la que se tiene actualmente, retrasando los procesos aún más y podría repercutir en la eficiencia operativa que los operadores o traders puedan requerir.
Así mismo, indicó que podrían surgir riesgos de corrupción, porque al concentrar en el Gobierno el poder de la certificación de trazabilidad socioambiental podría incrementar los riesgos de corrupción, extorsiones, pedidos de coima y otros.
Otro problema que podría surgir es la manipulación política, porque una plataforma gubernamental manejada por ministerios, donde priman los cargos políticos más que los técnicos, podría tener una injerencia política al momento de entregar o no un certificado en tiempo y forma.
Mencionó igualmente que podría haber una centralización excesiva. “El Gobierno tiene la mayoría de sus ministerios en la Capital del país y no existen oficinas regionales operativas que puedan otorgar o entregar la certificación de la trazabilidad en el campo o en los municipios”, dijo.
Otro temor en el análisis de Fecoprod sobre una herramienta pública para la trazabilidad es la posible falta de flexibilidad, porque los gobiernos suelen tener sistemas o programas menos flexibles que los organismos privados, que se adaptan rápidamente a las dinámicas cambiantes del mercado.
Finalmente, dijo que se teme de una posible falta de transparencia, porque los sistemas gubernamentales generalmente son poco transparentes con lo cual la integridad de sus procesos pueden estar comprometidos y no ser aceptados por los operadores o traders.