En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la abogada Teresa Servín, querellante en la causa abierta por la muerte por electrocución de una persona en el complejo deportivo Los Arrayanes de Asunción, comentó sobre el pedido de sobreseimiento provisional de las personas imputadas que presentó la fiscala interina Carina Serón.
La fiscala Serón, quien interina la causa luego de la recusación de su colega Carla Rojas, presentó el pedido de sobreseimiento provisional de los locatarios y sublocatarios del complejo Los Arrayanes, donde Rodolfo Antonio Núñez (27) falleció el 16 de septiembre de 2023 al tocar un poste que conducía una carga eléctrica.
La abogada Servín dijo que, si bien ese requerimiento no era lo que esperaba la querella, confía en que el Ministerio Público hará su trabajo.
Señaló que el sobreseimiento provisional –que tiene un plazo de hasta un año- no implica que los imputados quedarán libres de la causa, sino que da a entender que la fiscala opina que “todavía existen diligencias para llegar a la certeza real”.
“(La fiscala Serón) tiene varias diligencias que quiere realizar para seguir respaldando lo que ya hay en las carpetas y capaz considera que se podría ampliar la responsabilidad a otras personas”, explicó. “De la lectura se entiende que hay cosas que no se han traído a la vista”, añadió.
“Hubo acercamientos” para posible arreglo económico
Señaló que la fiscala interina tuvo acceso a la carpeta de la causa recién hace un mes, la cual incluye un reglamento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que “especifica cómo hacer las cosas en temas eléctricos” y dijo entender que “hay algo más que (la fiscala) ve que no teníamos a la vista sin ese reglamento”.
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Insistió en que el Ministerio Público y la fiscala Serón tienen su confianza.
Sobre la posibilidad de un arreglo económico entre los imputados y la esposa de Rodolfo Núñez, Servín dijo que “hubo acercamientos” y que “es conversable”, pero indicó que finalmente esa es una decisión exclusiva de la pareja del fallecido.
Los imputados
El Ministerio Público imputó por presunto homicidio culposo a Óscar Daniel Ruiz y María Marcela Contreras, accionistas de la firma Epro SA, y a Édgar Lemuel Torres y María Lila Contreras, de la firma ProLife SA.