El tribunal que integran los jueces Gloria Hermosa, como presidenta; Darío Báez y Alba González, como miembros titulares, convocó a las partes para las 10:00 de este miércoles, a fin de dar a conocer su sentencia sobre la causa por presunta lesión de confianza que afrontan la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás y su esposo, José Costa Perdomo, por el caso “agua tónica”.
El colegiado inició ayer, a las 11:00, su deliberación sobre la presente causa, tras escuchar la réplica de los fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera; y la dúplica de la defensa de los acusados.
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“El proceso licitatorio fue desarrollado irregularmente, incluso ya fue fraguado de antemano con la intención de perjudicar el patrimonio de la institución. Petropar no recibió las mercaderías por las que pagó y el dinero sirvió para pagar una cuenta personal del acusado José Costa Perdomo”, expresó el agente Francisco Cabrera.
Por su parte, la extitular de Petropar dijo a ABC que confía en la Justicia y que siempre estuvo sometida al presente proceso; mientras que Costa Perdomo se negó a brindar declaraciones, pero antes que el tribunal inicie su deliberación ratificó que no participó del hecho punible.
Pagó deuda personal con dinero de Petropar
En sus alegatos finales el fiscal Silvio Corbeta explicó que el marido de Patricia Samudio no era funcionario de Petropar al momento de registrarse el perjuicio patrimonial de unos G. 350 millones a las arcas de la estatal. En juicio se acreditó eso y que el dinero fue usado para el pago de una cuenta de José Costa Perdomo, esposo de Samudio.
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Detalló que pocos días antes de que se haga el llamado a licitación, José Costa Perdomo contrajo una deuda por G. 350.000.000 con la firma Racole SA. A partir de ese evento, él coordinó a través de mensajes con el dueño de la empresa Solumedic SA, de quien era amigo, y también direccionó la licitación pública para que se adjudique a esta firma.
Es así que, Solumedic SA fue adjudicada para la provisión de agua tónica a Petropar, que el 1 de marzo de 2020 le desembolsó la suma de G. 350 millones a su cuenta bancaria. Sin embargo, el producto no se llegó a entregar. Esta proveedora fue la única que se presentó y le fue adjudicada por vía de la excepción, atendiendo a que tiene menos requisitos que una licitación ordinaria, según explicó Corbeta.
Añadió el fiscal que “la vía de la excepción es la más utilizada en casos de corrupción, pues se aprovechan de los casos de emergencia, para someterse a menos requisitos”.
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Proveedora fue usada como “puente” por acusado
El Ministerio Público llevó a cabo la trazabilidad de las cuentas bancarias, luego de que los responsables de Solumedic SA hayan colaborado con la Fiscalía entregando un celular con los mensajes intercambiados con José Costa Perdomo. En las conversaciones se constató la planificación, adjudicación, contratación y el pago hecho por Petropar.
Corbeta explicó en ese contexto que José Costa Perdomo utilizó a la empresa Solumedic SA, aprovechando su relación con el dueño, para que una vez que Petropar le pague por el agua tónica, esta firma transfiera ese dinero a otra cuenta, perteneciente a la firma Racole SA, con la que Costa Perdomo tenía la deuda. De esta forma, esa cuenta quedaría saldada.
En otro momento, el fiscal Silvio Corbeta señaló que si bien el dinero se devolvió, “eso no puede ser usado a favor de ellos, porque ocurrió después de que se descubrió todo. Lo que lo hicieron a través de la empresa proveedora (Solumedic SA), fue siempre con el fin de tratar de ocultar quiénes estaban detrás de todo”.
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Además, el que devolvió el dinero fue José Costa Perdomo, pero a través de la empresa Solumedic SA, utilizándola nuevamente como intermediaria en el acto perjudicial para Petropar.
Petropar sufrió daño de G. 346 millones, según Fiscalía
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, la pareja se aprovechó de la situación de emergencia que ocasionó la pandemia por covid-19 para convocar una licitación, con el objetivo de adquirir insumos sanitarios y agua tónica, logrando así desviar fondos de Petropar.
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera explicaron que el monto del perjuicio patrimonial asciende a unos G. 346.000.000.
En los alegatos finales, los agentes del Ministerio Público señalaron que el dictamen médico que Patricia Samudio argumentó para comprar agua tónica, con la excusa de que el líquido sería efectivo para combatir el covid-19, fue antedatado, ya que el profesional firmante declaró en el juicio que el documento fue expedido dos semanas después de la compra del producto.
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Resaltaron también que la empresa Bes informó al Ministerio Público que las botellas de agua tónica fueron envasadas en la fábrica de la firma, 20 días después de la compra que hizo Petropar. Es decir, la petrolera estatal habría adquirido el producto una vez que la Contraloría General de la República detectó las irregularidades en el proceso.