Esta es una manifestación pacífica para pedir a nuestros representantes en la Cámara de Diputados que rechacen el veto presidencial y sea promulgado de una vez por todas este proyecto de ley tan necesario para el fomento del sector productor de yerba mate, expresó Lisandro Benítez, secretario de la Federación de Productores de Yerba Mate del Nordeste de Itapúa (FEPYM). Esta entidad gremial fue creada en 2021 para defender los intereses del sector primario del rubro yerbatero.
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La movilización de los productores de hoja de la yerba mate coincide con el día en que la Cámara de Diputados tiene como punto a tratar en el orden de temas de la sesión el veto presidencial al proyecto de ley. La medida será un mensaje de apoyo a los diputados que optarán por el rechazo al veto, resaltó el dirigente gremial.
El proyecto de Ley de fomento y protección a los pequeños y medianos productores de yerba mate fue rechazado parcialmente por el Poder Ejecutivo, en los puntos 3 y 8, que hacen referencia a que comisión mixta multidisciplinaria estudiará y propondrá un precio base para la hoja de yerba o en su caso en base a estudios técnicos actualizados.
La norma establece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicará ese precio base para octubre de cada año. La cartera de Estado es la autoridad de aplicación de la ley, otorgándole funciones de asistencia técnica, capacitación, coordinación con instituciones financieras para mejorar la producción en calidad, cantidad, incorporación de tecnología adecuada, propiciar la equidad en el precio para el productor primario.
Veto presidencial
El proyecto fue rechazado por el Centro Yerbatero Paraguayo (CYP), integrado por industriales del sector yerbatero, que en su momento emitió un comunicado solicitando el veto al proyecto de ley por considerar que la regulación de costos y precios bajo un régimen de sanciones para sus actores no es la solución a los problemas y que repercutirá en el mercado.
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Los industriales calificaron que el proyecto viola preceptos constitucionales que establecen la libre competencia. Argumentan también que los costos y precios son resultado de un equilibrio entre la oferta y la demanda, supeditados a su vez por varios factores, locales y extranjeros que no pueden ser controlados con resoluciones administrativas.
Asimismo, la Comisión Nacional de Libre Competencia (Conacom), a pedido del Ejecutivo Nacional, emitió una opinión en la que expresa que “de la información pública con la que cuenta la CONACOM y de la exposición de motivos, no puede determinarse que la fijación de precios mínimos esté debidamente justificada ni acompañada por medidas de excepcionalidad y transitoriedad”, por lo que recomendó el veto parcial del proyecto de ley en lo que refiere al precio mínimo.
La Federación de Yerbateros, en cambio, insiste en que los argumentos del sector industrial son “falsos”, pues el proyecto de ley aprobado “no sólo garantiza el derecho de los pequeños y medianos productores a recibir un predio justo, “sino que se da en cumplimiento de una obligación que la misma Constitución difiere a los órganos del Estado, de establecer un sistema que asegure el precio justo al productor primario”.