El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Santander Dans, en reunión con trabajadores de prensa, fue consultado sobre lo resuelto ayer en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, cuando los integrantes de esta les “devolvieron” los fueros a sus colegas procesados penalmente por la Fiscalía: Hernán David Rivas Román, Erico Galeano Segovia y Rafael Augusto Filizzola Serra.
En ese sentido el ministro de la Corte señaló que ese hecho “es algo que no tiene precedentes” y agregó que, en este tipo de casos, “la que tiene legitimación para plantear alguna acción es la Fiscalía, si es que tiene el interés de llevar adelante los procesos judiciales y tiene que plantearlo en cada caso”.
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Santander Dans fue consultado sobre si la Fiscalía puede consultar a la Corte Suprema de Justicia, a lo que respondió que no, pues son los jueces solamente los que pueden realizar ese procedimiento ante la máxima autoridad judicial. Esto se debe a que los magistrados están en relación de dependencia de esa última instancia del Poder Judicial.
Asimismo, mencionó que si existe una querella adhesiva, también se puede accionar con una querella. Esta y las acciones del Ministerio Público son las únicas que están legitimadas por el ordenamiento jurídico paraguayo para llevar a cabo los procesos judiciales, según expresó el ministro de la Corte.
Hernán Rivas habría usado título falso de abogado
El 15 de febrero, la Cámara de Senadores retiró sus fueros al legislador Hernán David Rivas Román. Con 37 votos a favor del desafuero y 8 ausentes, se definió el panorama del cartista. El resultado de este procedimiento administrativo, fue comunicado después al juez penal de garantías Miguel Palacios, quien transmitió a la Cámara el pedido de la fiscala Patricia Sánchez.
El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que sustente la veracidad de que el imputado haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.
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El 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la Matrícula de Abogado, juntamente con los otros documentos que acreditarían su formación académica, para que sea elegido como representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo mismo ocurrió en junio del 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.
De esa manera, a Rivas se le fue permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, sin presumiblemente contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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Erico Galeano y su vínculo con el presunto narco Sebastián Marset, en A Ultranza
La imputación contra el parlamentario colorado Erico Galeano, quien fue desaforado el 25 de julio de 2023, es por su presunta complicidad con el grupo dedicado al tráfico de cocaína que fue desbaratado con el operativo “A Ultranza Py”. El escrito refiere que la investigación se inició con el allanamiento realizado el 26 de marzo de 2022 en el marco de la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La hipótesis del Ministerio Público señala que la sospecha sobre Erico Galeano es por la conducta que habría concretado a través de la recepción en efectivo de la suma de US$ 1.000.000 por la compraventa de un inmueble de su propiedad situada en el complejo Aqua Village, el 14 de octubre del 2020, de parte de Hugo Manuel González Ramos, presunto miembro del grupo liderado por el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
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El Ministerio Público señala también que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para que sus integrantes puedan trasladarse en vuelos locales y, de esa manera, concretar el envío de cargas de cocaína a países de Europa.
La imputación resalta que, a cambio del préstamo de la aeronave, Erico Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien, a través de compras de bienes (muebles e inmuebles) adquiridos entre los años 2020 y 2021.
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Según la documentación presentada por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, los supuestos “capos narco” utilizaron la aeronave en unas cinco ocasiones, entre el 24 de noviembre y 30 de diciembre de 2020. Uno de los viajes está bien especificado y tuvo como destino la ciudad fronteriza de Saltos del Guairá, ubicada en el departamento de Canindeyú. Entonces, viajaron Sebastián Marset, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, todos procesados por supuestamente ser integrantes de la red criminal.
Llamativamente, tras el inicio de la operación, Galeano y sus empresas comenzaron a despojarse de los bienes, entre ellos casualmente la aeronave Beechcraft, modelo B58, del año 1989, que habría utilizado la presunta banda criminal. Fue así que exactamente cinco meses después de “A Ultranza Py”, específicamente el 12 de junio de 2022, Erico concretó la transferencia a la empresa Grupo Capital SA, cuyo principal accionista y representante legal es Guillermo Del Puerto Moreno.
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El caso de Rafael Filizzola
El senador Rafael Filizzola fue despojado de sus fueros en octubre de 2023, por una una causa en la que fue imputado en el 2013 por el fiscal Aldo Cantero.
El caso corresponde a una denuncia realizada por el entonces ministro del Interior de Horacio Cartes, Francisco de Vargas, por una licitación de G. 1.200 millones para refaccionar las comisarías del área metropolitana de diciembre del 2010, de la firma Todo Verde, a la que, según la denuncia, se pagó la totalidad del monto, cuando la Ley 1535, de la administración financiera del Estado, señala que el pago se tiene que hacer en dos partes: el 50% al empezar las tareas y 50% al culminarlas.
Las obras se iniciaron el 25 de enero de 2011 y, según el contrato, en un plazo de 60 días debían estar concluidas 23 comisarías, en tanto que 90 días era el tiempo establecido para la comisaría 19, ubicada en barrio Jara.
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La causa en la que está procesado el actual legislador, es de cuando era ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, por presunta lesión de confianza por un supuesto perjuicio de más de G. 1.131.812.500.
Debido a las chicanas y a la paralización del caso realizado por los jueces y fiscales, la causa ya estaría prescripta, dado que tiene más de 10 años. La causa analizada en la Corte está caratulada: “Rafael Augusto Filizzola Serra, Andrea Angélica Adle Román, Fernando Ángel María Sakoda Giménez, Juan Diego Fernández Aguirre, Aníbal Gerardo Muñoz Fernández y Alejandro Candia / lesión de confianza”, Nº 105-2013.